El 12 de enero de 2015, el presidente inconstitucional Daniel Ortega, anunció de forma sorpresiva que por decisión suya se desviaron treinta millones de dólares destinados para la construcción del nuevo estadio de beisbol donados por Taiwán para destinarlos a la construcción de una ciudadela a las afueras de Managua, que se llamaría Ciudad Belén. Esta alojaría a damnificados de distintos desastres naturales que han afectado a la capital en los tiempos recientes.
Ortega, fiel a su estilo divagante, no dio muchos detalles de cómo se había dado este proceso de desvío de fondos, limitándose a hacer el anuncio. Sin embargo, el mandatario desató una gran confusión con el uso de estos recursos, debido a la serie de procesos de control y rendición de cuentas violentados que ponen en evidencia la poca transparencia en el manejo desde la tesorería pública de los millonarios recursos donados por Taiwán.
Taiwán aprobó “movimiento”
Esta nación asiática ha firmado con Nicaragua dos grandes donaciones recientemente y tanto el Gobierno como Taiwán aseguran que es el mismo dinero.
El 31 de julio del 2013, en una ceremonia abierta, la entonces embajadora de Taiwán, Ingrid Hsing, firmó un convenio por treinta millones de dólares con Marlon Torres, director del Instituto Nicaragüense de Deportes, para la construcción del estadio de beisbol, el que supuestamente estaría listo en 2016.
Sin embargo, en un evento el 16 de diciembre de 2014, al que solamente tuvieron acceso los medios de comunicación propiedad de la familia presidencial, la misma embajadora Hsing firmó otro convenio, esta vez con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, por el mismo monto (treinta millones de dólares). En esta ocasión los fondos estaban destinados para los afectados por los desastres naturales.
El grueso de ese apoyo va dirigido a la emblemática urbanización Ciudad Belén, ubicada en Managua. A este lugar están siendo trasladadas las familias que perdieron sus viviendas durante las emergencias y las que fueron evacuadas debido al inminente riesgo de colapso de los lugares donde vivían, cita la nota publicada en el 19 Digital, medio controlado por la familia Ortega Murillo.
En ninguna parte de esta nota de la prensa oficialista se hace mención que estos recursos eran los que originalmente estaban destinados para el estadio de beisbol.
No consta que recursos se usaron para Ciudad Belén
El proceso del desvío de los fondos para el estadio de beisbol es catalogado de poco transparente e ilegal por especialistas en temas financieros y diputados opositores. Sin embargo, para el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el parlamentario orteguista Wálmaro Gutiérrez, el mandatario actuó de la forma más normal del mundo.
El primer problema con el manejo de los recursos del estadio de beisbol es que nunca fueron incorporados al Presupuesto General de la República, ni en la versión de 2014 ni en la de 2015. Sin embargo, a espaldas de la ciudadanía y de los organismos de control presupuestario según la versión del presidente inconstitucional Daniel Ortega estos recursos ya eran ejecutados en la construcción de Ciudad Belén desde mayo del año pasado, luego de los sismos de abril, según un reporte del 19 Digital. Es decir, diez meses después de la firma del convenio para la construcción del estadio con el IND, el 31 de julio de 2013, pero más importante aún, cinco meses antes de la firma del segundo convenio con Taiwán.
La utilización de estos fondos no nos consta que se utilizó en la construcción de las viviendas porque no se presentó ningún informe. Esto nos da a entender que hubo un desvío de manera discrecional de una donación hecha al pueblo nicaragüense, por el Gobierno de Taiwán, para un fin específico, expresó el diputado del Partido Liberal Independiente (PLI) y miembro de la Comisión Económica, Carlos Langrand.
Es un desvío de fondos y tendrían que investigar este hecho la Fiscalía, la Procuraduría y la misma Contraloría porque todo luce como una malversación de fondos. Nadie puede decir que de ese dinero salió la compra y venta de viviendas (para los damnificados). Es un tema de rendición de cuenta. Lástima que no contamos con instituciones serias y creíbles, que trabajen apegadas a la ley, para que se pueda aclarar este caso, señaló Langrand.
Todas las donaciones deberían estar registradas en las cuentas de la Tesorería General. El presidente no recibió fondos de libre disponibilidad. La forma de presentar a posteriori todo lo que se hizo, indica que aquí lo que se está haciendo es acomodar los números. Esto se tenía que haber informado. No podía haber decidido con discrecionalidad, más aún tomando en cuenta el monto de la donación, insistió el parlamentario opositor.
Usando como argumento la necesidad de viviendas de la población nicaragüense debido a los desastres naturales para justificar el desvío, se comete una doble infracción a la Ley, porque además se habla de subsanar esta donación con un crédito que van a pagar los managuas, añadió Langrand.
El parlamentario opositor se refiere a la deuda que el presidente Ortega ordenó a la Alcaldía de Managua adquirir con bancos privados para financiar la construcción del estadio, cuyo proceso de licitación ya arrancó.
Esa orden de Ortega es otra violación, en este caso a la Ley 40 de Autonomía Municipal que establece en su artículo tres que los gobiernos municipales gozan de plena autonomía que consiste en… la gestión y disposición de sus propios recursos.
¿Y estos millones para la emergencia?
Lo más normal del mundo
Pero para el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, la asignación de estos recursos para la construcción de Ciudad Belén siguió el protocolo normal para el uso de las donaciones establecidas en la Ley 550, Ley de Régimen Presupuestario y Administración Financiera.
En este caso en particular los recursos que estaban preliminarmente destinados para el estadio, estaban en un protocolo de acuerdo entre la República de Taiwán y Nicaragua. Son fondos que todavía no habían sido trasladados (a la Tesorería de la República) y obviamente menos ejecutados, porque el estadio no se había ejecutado todavía. Fue en esa coyuntura que se dio el movimiento de los fenómenos telúricos y el efecto negativo que tuvo en diferentes zonas del territorio nacional. Como consecuencia de esto, se desarrollaron comunicaciones entre el Ministerio de Relacione Exteriores de Nicaragua con la hermana República de Taiwán y se solicitó hacer una revisión de los destinos de cooperación, habida cuenta que teníamos especial prioridad en resolverle a nuestros damnificados, aseguró Gutiérrez.
¿La Comisión Económica no debía ser informada previamente de esto diputado ?, le preguntó LA PRENSA.
La Comisión Económica no fue informada. Pero es porque estamos hablando de un movimiento muy sencillo. Es lo más normal y correcto que el presidente haya informado a posteriori cómo fueron usados los recursos donados por Taiwán. Si cinco veces se tomara esta decisión, cinco veces la respaldaría, respondió.
Sin embargo, Langrand, miembro de la Comisión, considera que esta debe ser informada de cualquier movimiento, aún si el caso fuese como cita Gutiérrez, ya que se debió actuar de acuerdo con los artículos 55 y 56 de la Ley 550 (ver infografía).
Discrecionalidad con fondos extrapresupuestarios
Dayra Valle, investigadora en temas presupuestarios del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), opinó que desde su perspectiva, lo más recomendable es que los fondos donados por Taiwán debieron entrar al Presupuesto General de la República. Esto debido a la discrecionalidad con la que se manejan los recursos extrapresupuestarios.
Si esos fondos entraron al Presupuesto General de la República (PGR), que debieron haber entrado, esos fondos están cubiertos por lo que establece la ley del Presupuesto de la República y quien aprueba la ley es la Asamblea Nacional, y quien pueda reformar la ley es la Asamblea Nacional, dijo primeramente Valle.
Pero estos fondos no entraron nunca al PGR , señalamos.
En este caso con fondos extrapresupuestarios, los parámetros internacionales de transparencia presupuestaria cuestionan la discrecionalidad con la que se trabajan los fondos extrapresupuestarios. No es que la ciudadanía quiera saber sobre su uso porque sí, sino porque eso genera transparencia. Temas como ¿en quién van a gastar los recursos?, ¿quién los gasta?, ¿cómo los gastan? Todo como parte de un sistema de rendición de cuentas. Con los fondos presupuestarios hay mucha discrecionalidad. De ahí ya viene la falta de transparencia, insistió la investigadora.
Valle explicó que incluso la misma Ley 550 establece que los fondos que se ocupen para gastos públicos, deben tener claro el destino específico para su ejecución, sin importar el hecho de que estos sean donados.
Por una parte, para los parámetros internacionales debe haber un mínimo o incluso una ausencia de fondos extrapresupuestarios. Además, se tiene que promover ese sistema de rendición de cuentas en el cual los ciudadanos podamos saber en base a qué se toman esas decisiones presupuestarias que nos interesan a todos, por lo que no deberían ser decisiones discrecionales. Esto por supuesto sin menoscabar el hecho de que en realidad se hayan tomado las decisiones más correctas, tomando en cuenta la urgencia de la situación, señaló Valle.
