El jefe de la bancada parlamentaria del partido de gobierno (FSLN) en la Asamblea Nacional, diputado Edwin Castro Rivera, amenazó con presentar una “protesta legal” contra LA PRENSA en el caso de que este Diario publique un perfil político sobre él.
Como es de rigor, los periodistas de LA PRENSA han querido incluir en el perfil político del diputado Castro su valoración personal sobre sí mismo, y acerca de lo que dicen de él personas que lo conocen muy bien y lo tratan a menudo en el desempeño de sus funciones. Pero su respuesta fue “prohibir” la publicación del perfil alegando que hay leyes que protegen la privacidad de las personas.
Pero el interés de LA PRENSA al preparar ese perfil político del diputado Castro Rivera —igual que los que hemos publicado sobre otros funcionarios públicos, incluso del actual Gobierno y de más alto rango que él— no es inmiscuirnos en su vida privada, la cual, dicho sea de paso, no nos interesa y creemos que tampoco tendría interés para nuestros lectores.
Por su condición de diputado y de catedrático universitario de Derecho Constitucional, el diputado Castro tiene que saber que la relación de un funcionario público con el pueblo se basa en la confianza, y que, por lo tanto, todos los aspectos de su vida que afectan o pueden afectar el desempeño de sus funciones merecen ser conocidos por los ciudadanos. Sin embargo, en el perfil político que nos ocupa no es nada de su vida privada lo que importa.
De todas maneras, el diputado Castro Rivera no tiene derecho ni facultad legal para prohibir la publicación de un trabajo periodístico sobre su persona, en tanto que líder del partido de gobierno en la Asamblea Nacional. Y no existe en la legislación nicaragüense, constitucional y ordinaria, ninguna norma que nos impida publicar dicho perfil, mucho menos que respalde la insólita amenaza del susodicho legislador orteguista, quien más bien está obligado a dar a conocer con la mayor transparencia todo lo que tenga que ver con su ejercicio de funcionario público pagado con los impuestos de los contribuyentes, nacionales y extranjeros.
El artículo 131 de la Constitución dice que la función pública se ejerce “a favor de los intereses del pueblo” y que los funcionarios deben informarle sobre su trabajo y actividades oficiales. En consecuencia, el diputado Edwin Castro no tiene derecho de impedir la publicación de una semblanza política de su persona elaborada para que se tenga una mejor visión de su desempeño como funcionario público. Y es deplorable —por decirlo de alguna manera— que el diputado Castro se haya negado a expresar lo que él mismo piensa de su trabajo y su conducta como líder legislativo, y qué opina de las críticas y opiniones favorables de quienes lo conocen y lo acompañan en su labor dentro de la Asamblea Nacional.
Debemos, pues, expresar nuestro rechazo categórico a la arbitraria pretensión del diputado oficialista Edwin Castro Rivera, de querer impedir la publicación de su perfil político mediante la amenaza de “protesta legal”, la cual, viniendo de un funcionario público tan poderoso como él, se puede entender como un atentado contra la libertad de expresión y de prensa.