La ciudadela Ciudad Belén, construida con los treinta millones de dólares desviados por el presidente inconstitucional Daniel Ortega de una donación de Taiwán, se encuentra en un terreno perteneciente a la señora Yelba Carbajal Jirón, que actualmente disputa en dos juicios contra el Estado de Nicaragua, proceso sobre el cual aún no existen sentencias firmes.
Indagaciones de LA PRENSA, a través del sistema de consulta de archivos y expedientes del poder judicial, dieron con estos procesos que se están llevando a cabo en los Juzgados Cuarto y Décimo Segundo Distrito de lo Civil de Managua. En ambos casos, los judiciales a cargo todavía no se pronuncian, por lo que el terreno no podía ser utilizado por la Alcaldía de Managua para edificar el proyecto habitacional.
Ciudad Belén fue construida para alojar a damnificados de desastres naturales que han afectado a Managua en el último año. Una investigación de LA PRENSA, publicada el 1 y 2 de marzo pasado, reveló que Ortega violentó los procedimientos establecidos por la Ley 550 de Régimen Presupuestario y Administración Financiera para desviar los treinta millones de dólares de la donación de Taiwán. Además, la Alcaldía de Managua habría inflado los costos de construcción de la ciudadela en 2.7 millones de dólares.
TERRENOS YA SE PERDIERON
La señora Carbajal Jirón confirmó a este Diario que mantiene la disputa por la recuperación del terreno de 101 manzanas, pero debido a que ya se edificó la ciudadela, van a buscar una negociación para que el Estado los indemnice.
Ahora ya no podemos hacer nada. Ya las casas fueron construidas y la gente está viviendo ahí. Lo que pedimos es que el Estado nos reconozca por la inversión que hicimos en el terreno y nos indemnice, porque nosotros tocamos todas las puertas para resolver este problema. Si nosotros nos quedamos asustados cuando supimos que estaban construyendo las casas (en Ciudad Belén) si el juicio todavía sigue, no existe sentencia. Pero, la Alcaldía de Managua vino e hizo el proyecto y empezó a meter a las personas, comentó Carbajal Jirón.
LA PRENSA buscó una versión sobre este caso con la Alcaldía de Managua, pero tanto la alcaldesa Daysi Torres, como el secretario general de la Comuna, Fidel Moreno, no estuvieron disponibles cuando se les buscó el pasado viernes.
Según este mismo expediente, el Estado decidió invadir los terrenos en 2010 con efectivos de la Policía Nacional, alegando supuestamente que los orígenes de la propiedad estaban vinculados a la entrega de títulos durante la denominada reforma agraria de los años ochenta, algo que no consta en la inscripción en el Registro de la Propiedad.
Luego de la toma de la propiedad, la Procuraduría emprendió un juicio para declarar la nulidad del título de propiedad a favor de Yelba Carbajal y que la finca pasara a ser propiedad del Estado. Este es el proceso que se está ventilando en el Juzgado Cuarto Distrito de lo Civil de Managua. Por su lado, la señora Carbajal emprendió un juicio en contra de la Procuraduría General de la República para pedir la nulidad de la inscripción a favor del Estado y reivindicación del inmueble, en el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil en Managua.
De acuerdo con el expediente judicial del proceso, uno de los principales reclamos del Grupo Carbajal (que preside la señora Carbajal Jirón) es que la Procuraduría General de la República inscribió la propiedad en el asiento 5 de la finca 76,724 del Registro de la Propiedad a favor del Estado de Nicaragua. Esto pese a que del asiento 1 al 4 se registran todos los traspasos del terreno hasta llegar a ser adquiridos por la señora Carbajal Jirón en 2004. No hay ninguna otra transacción en el expediente más que la inscripción repentina hecha por la Procuraduría. Además la inscripción fue hecha por el Estado pese a que igualmente no existen sentencias firmes en los dos juicios que se llevan a cabo por estos terrenos.
SOLÍS PROMETIÓ INDEMNIZACIÓN
Carbajal Jirón reveló que incluso el mismo magistrado de tendencia sandinista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, les aconsejó que buscaran la indemnización y que él mediaría para llegar a un acuerdo con el Gobierno. Eso me lo ha estado diciendo desde hace dos años. Hace poco me lo encontré de nuevo y me dijo lo mismo: que en nuestro caso cabía la indemnización, pero que él no ha tenido chance de ver el caso, aseguró. LA PRENSA llamó al móvil del magistrado Solís para corroborar el testimonio de Carbajal Jirón, pero el funcionario del poder judicial no respondió.
Carbajal Jirón también mencionó que el caso forma parte de los planteamientos que hace la Comisión de Seguimiento que mantiene el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) con el Gobierno, por medio del asesor económico, Bayardo Arce. Sin embargo, las gestiones no han tenido resultados.
En la tarde del viernes se llamó al presidente del Cosep, José Adán Aguerri, para consultarle si finalmente expusieron el reclamo del Grupo Carbajal sobre el terreno de Ciudad Belén, pero no atendió las llamadas.
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