[doap_box title=”Intención de España” box_color=”#336699″ class=”aside-box”]En 2009 España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), inició el Proyecto de Desarrollo Integral del Barrio Acahualinca, que consistió en cerrar el episodio de desgracia en La Chureca.
El proyecto cerró el vertedero, que existió a cielo abierto durante cuarenta años, construyó una planta para procesar los desechos sólidos y edificó 258 viviendas para las familias que vivían entre la basura y el humo.
A España le costó 41.2 millones de euros todas las obras, que finalizaron en 2012, pero que fueron entregadas oficialmente en febrero de 2013 a las autoridades de la Alcaldía de Managua.[/doap_box]
De nada le valió a la familia Martínez ser dueña de los terrenos de La Chureca a la hora que intentó entrar a esta y querer conversar con Gonzalo Robles Orozco, secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo de España, sobre la indemnización que le tiene pendiente el Gobierno de Nicaragua.
Del portón principal no avanzaron tres de los propietarios de La Chureca, porque, según guardas de seguridad privada, no tenían autorización de sus superiores para dejarlos pasar.
De igual forma al equipo periodístico de LA PRENSA también se le negó el acceso.
Tal bloqueo provocó el desconcierto de Augusto César Martínez, uno de los dueños, quien recordó que las tierras no han sido canceladas y “tenemos ya más de ocho años de estar con este problema sin resolverse”.
“El Gobierno de España ha sido culpable, aunque el proyecto (de Desarrollo Integral del Barrio Acahualinca) fue una belleza como intención, los fundamentos son malos porque uno no construye en una propiedad que no está debidamente legalizada”, señaló Martínez afuera de La Chureca después de ver pasar la comitiva de cooperación española y la Alcaldía de Managua.
En diciembre pasado la familia perjudicada demandó al Gobierno de España ante la Corte Europea de Derechos Humanos, con sede en Francia, por un monto de 12.8 millones de euros.
Ernesto Martínez, otro de los dueños, aclaró que la demanda a España es por daños y perjuicios porque al Estado de Nicaragua le toca pagar las tierras, que tienen una extensión de 146.5 manzanas y fueron pactadas en 6.3 millones de dólares en la administración municipal de Dionisio Marenco.
LA PRENSA por tres días consecutivos ha buscado la versión de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), pero no se ha logrado. Además, la Procuraduría General de la República, tampoco se ha pronunciado.
DESGASTE ECONÓMICO
Los hermanos Martínez mencionaron que en el tiempo que han batallado por la paga de los terrenos han gastado dinero e invertido tiempo y todavía no ven los frutos.
“Hemos tenido que contratar abogados, que nos ha llevado gastos, el desgaste de estar entre el ir y venir entre Procuraduría (General de la República) y Corte Suprema de Justicia”, agregó Ernesto Martínez.
Según el itinerario de visita, hoy partiría Robles luego de permanecer desde el martes pasado en el país.
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