El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) Florentín Meléndez, acusó este 23 de marzo al Ejército y a la Fiscalía de incumplir sentencias de dicho tribunal que ordenan “investigar y abrir expedientes judiciales” en casos de crímenes de guerra.
Meléndez asegura que la Sala de lo Constitucional ha emitido sentencias que amparan a familiares de víctimas de desaparición forzada y que tanto el Ejército como la Fiscalía salvadoreña “incumplieron los amparos que las víctimas (…) habían obtenido en la Sala de lo constitucional”.
Agregó que en diferentes ocasiones han “girado ordenes” al Ejército para que presente información a dicha sala, en etapas previas a una sentencia, y que la misma “nunca fue trasladada”.
De igual manera, señala que han mandado a la Fiscalía General de la República (FGR) a que “iniciara investigaciones” por violaciones a derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992)y que “nunca se informó a la Sala sobre el inicio de un tan solo expediente” judicial.
“La Sala (de lo Constitucional) comenzó a abrir una nueva línea jurisprudencial a través del proceso de hábeas corpus, para proteger a las víctimas de desapariciones, con efectos vinculantes para el apartado del Estado y no fueron cumplidas”, expuso el magistrado durante un foro sobre derechos humanos en la capital salvadoreña.
Por otra parte, Meléndez dijo que la Sala de lo Constitucional está en la etapa final de un proceso de inconstitucionalidad abierto contra la Ley General de Amnistía creada en 1993 y que no ha permitido juzgara los perpetradores de crímenes de guerra.
“Estamos escribiendo la sentencia en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía”, dijo.
Agregó que su derogación “es una tarea del (órgano) Legislativo” y que ha estado en sus “manos (…) desde hace 25 años”.
Florentín Meléndez fue fiscal y querellante en el juicio por la masacre de seis padres jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana (UCA) en 1989 por un comando elite del Ejército salvadoreño en el contexto de la ofensiva guerrillera “hasta el tope”.
Recientemente el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, acusó a la FGR y a los tribunales de justicia salvadoreños de “perpetuar la impunidad” en los casos de crímenes de guerra en El Salvador en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En esa misma audiencia los representantes de la FGR dijeron que la falta de recursos y la oposición de las víctimas son los principales obstáculos para avanzar en las investigaciones de dichos crímenes.
La guerra civil salvadoreña, que dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos, enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, y a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional(FMLN).