La censura en Ecuador

En la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizada a principios de marzo corriente en Panamá, se repartió un folleto titulado Ecuador: La censura cabalga sobre el lomo de una Ley . Se trata de un detallado informe sobre la situación que afrontan los medios de comunicación y los periodistas independientes ecuatorianos, acosados por el Gobierno autoritario del presidente Rafael Correa, enemigo acérrimo de la libertad de expresión y de prensa.

“Ecuador es el país donde más rápido se está deteriorando la libertad de expresión en América Latina, y es bastante preocupante”, explica el periodista César Ricaurte, director del organismo cívico ecuatoriano Fundamedios, el que preparó el mencionado folleto sobre la censura de prensa en Ecuador.

Diversos periódicos escritos e innumerables espacios de radio y televisión han sido clausurados por el Gobierno o forzados a desaparecer por presiones económicas, políticas y judiciales. Los medios independientes y críticos son castigados con dureza por el Gobierno, con cualquier clase de motivo y pretexto, a veces ridículos.

La Ley sobre cuyo lomo cabalga la censura de prensa en Ecuador —según dice el título del informe de Fundamedios—, es la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada en junio de 2013, la cual creó la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom) que vigila a los medios y periodistas con celo estalinista.

Pero desde antes que se aprobara esta Ley y de la creación de la Supercom, el régimen autoritario de Rafael Correa ha venido librando una guerra sostenida y feroz contra la libertad de prensa y los periodistas y medios de comunicación independientes. Según Fundamedios, ya en 2008 hubo 22 agresiones contra la libertad de expresión, en 2009 subieron a 103 y en los siguientes años siguieron aumentando hasta llegar a 254 el año pasado.

La mayor parte de las agresiones del régimen ecuatoriano contra la libertad de expresión, son las “decisiones fiscales, judiciales y administrativas arbitrarias”, entre las cuales se incluyen procesos penales, constitucionales, electorales y civiles. En segundo lugar están las agresiones verbales y las difamaciones de los funcionarios del Gobierno en contra de los periodistas y mediante el uso abusivo del poder estatal.

“A los medios ecuatorianos se les castiga por todo”, dice el informe de Fundamedios que fue distribuido en la asamblea de la SIP de principios de marzo en Panamá. Se les castiga por publicar caricaturas que disgustan al poder, porque un titular de periódico no se ajusta al gusto del funcionario que aplica la Ley, porque una información sensacionalista molesta a funcionarios que presumen de recatados, porque un ciudadano anónimo llama a una radioemisora para quejarse de las autoridades locales, etc.

En Ecuador hay una “guerra comunicacional” del gobierno “contra quienes opinan diferente o en contra de quienes lo critican”, ha denunciado Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).

Con toda razón se puede asegurar que, en la actualidad, el peor enemigo de la libertad de expresión en América Latina, después de la dictadura comunista de Cuba, es el régimen autoritario de Ecuador.

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