Al menos dos lecturas inmediatas podemos hacer de la decisión del poder ejecutivo, plasmada en la iniciativa de ley que envió la noche del lunes a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, para aprobar la rebaja de la tarifa eléctrica por un monto todavía no determinado.
Una de esas lecturas es que se ha demostrado que la protesta y la demanda social son válidas y pueden ser efectivas incluso en un sistema de gobierno tan autoritario como el de Daniel Ortega. La demanda de que la tarifa eléctrica sea rebajada en conformidad con la caída de los precios internacionales del petróleo y el aumento de la generación a base de fuentes renovables, unió de hecho a prácticamente todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Y los motivó a sostener con firmeza y determinación esa demanda, hasta obligar al Gobierno a aceptarla aunque sea a medias y haciendo trampa para no rebajar la tarifa en la magnitud que es posible y necesario.
Precisamente la segunda lectura que se puede hacer de esta decisión de Daniel Ortega es que su propuesta de rebaja de la tarifa eléctrica es engañosa y en la práctica bastante menor que la que han demandado los diversos sectores económicos, políticos y de la sociedad civil.
Según la propuesta de Ortega contenida en el proyecto de ley que ha enviado a la Asamblea Nacional, solo una tercera parte del ahorro en los costos de generación eléctrica gracias a la baja del precio internacional del petróleo, estimado entre 55 y 60 millones de dólares, es la que será destinada a la rebaja de la tarifa. Los otros dos tercios serán para pagar la deuda del sector eléctrico con la empresa financiera Alba Caruna (que pertenece al grupo económico del mismo Daniel Ortega) y para financiar los programas de combate contra la pobreza.
Pero los programas de lucha contra la pobreza, que maneja el gobierno orteguista con criterio y fines de clientelismo político y por eso tienen un impacto social limitado, ya están siendo financiados con recursos del presupuesto nacional. Y la verdad es que la pobreza se puede reducir de manera más efectiva y además no discriminatoria si la mayor parte de lo que se está ahorrando por la disminución del gasto en generación se destinara a una reducción más significativa de la tarifa eléctrica. Como ha sostenido el Cosep esto permitiría mejorar la capacidad competitiva de las empresas y por otra parte aumentaría la capacidad de consumo de toda la población en general, como indican por su parte las organizaciones sociales y economistas independientes.
Según los expertos en los temas de energía y tarifas del servicio eléctrico, con la propuesta del Gobierno la reducción de la tarifa quedará más o menos en un diez por ciento. Y como esa es la voluntad del caudillo los diputados oficialistas seguramente la van a acatar ciegamente, sin considerar los intereses de los electores que ellos supuestamente representan.
Pero la oposición parlamentaria tiene que hacer lo contrario. Los diputados del PLI pueden discutir la iniciativa orteguista y proponer una reducción apropiada de la tarifa eléctrica, orientada a favorecer a los clientes domiciliares y las empresas pequeñas, medianas y grandes. Y aunque la aplanadora oficialista rechace la propuesta opositora, al menos se pondrá en evidencia que al orteguismo realmente no le interesa el bienestar social, solo favorecer sus intereses particulares.
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