“A la hora de implementar la ley todavía habrá oportunidad de buscar que tenga coherencia con el tipo de objetivos que apunten a la mejora de la productividad, la atracción de inversión y a la generación de empleo. Creo que al final dependerá de en qué gaste Hacienda estos recursos”. Mario Arana, exministro de Hacienda.
Especialistas cuestionaron este jueves la decisión del Gobierno de sacrificar a los consumidores al crearles un “impuesto disfrazado” para apoyar programas de combate a la pobreza, en lugar de financiar estos con las ganancias que durante años le han dejado las inversiones con fines de lucro realizadas con la cooperación venezolana.
Del total de esa cooperación, el 62 por ciento se invierte en proyectos con fines de lucro y el restante 38 por ciento en programa sociales, según confirmó el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estos datos que el Gobierno entregó al FMI en noviembre de 2013, constan en un documento facilitado por el economista Adolfo Acevedo.
IEEPP: INTENTO DESESPERADO DEL GOBIERNO
Adelmo Sandino, investigador de Presupuestos Públicos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), considera que la decisión del ejecutivo de destinar el 35 por ciento del ahorro generado por la caída del precio del crudo para programas sociales “podría reflejar un intento desesperado, aunque mal concebido, para tratar de mitigar el impacto de la reducción de la cooperación venezolana”.
Dicha cooperación se reducirá por el desplome del precio del petróleo que en los últimos meses ha caído en un cincuenta por ciento, con respecto al año pasado, lo que mermará hasta en un sesenta por ciento esos recursos.
¿POR QUÉ NO UTILIZAN SUS GANANCIAS?
“También hay que preguntarse por qué no se asumen los gastos de los programas sociales que aún se financian por esta vía (la cooperación venezolana), con las ganancias que generan las empresas vinculadas al grupo Alba a partir de las disponibilidades acumuladas que año con año dejaron los flujos de la cooperación venezolana”, cuestiona Sandino.
Acevedo, por su parte, estima que si el petróleo se mantiene a un precio promedio de cincuenta dólares por barril durante todo el año, la cooperación petrolera se reduciría “violentamente” al pasar de unos quinientos millones de dólares en años pasados a doscientos millones de dólares este año.
Esto lleva a Acevedo a considerar que el fondo que el Gobierno creó, junto a los recursos que representan el treinta por ciento del ahorro energético destinado al pago de la deuda que el sector energético mantiene con la Caja Rural Nacional (Caruna), “será utilizado para compensar la reducción del crédito asociado al suministro de petróleo (la llamada cooperación petrolera), en el que el 38 por ciento se destinaba a financiar los llamados programas sociales”.
En la Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, aprobada el pasado miércoles por la Asamblea Nacional, el Gobierno decidió dirigir el total del ahorro energético a tres fines: 35 por ciento para alivio a la tarifa eléctrica nacional, 30 por ciento para el pago de la deuda con Caruna y 35 por ciento para el fondo de combate a la pobreza. Para Sandino, al aprobar esta disposición los diputados de la bancada oficialista y sus aliados establecieron “el equivalente a un impuesto fijo e indirecto del 65 por ciento”.
El Gobierno, que hasta hoy no ha revelado a cuánto asciende el ahorro petrolero acumulado desde que inició el descenso del precio del petróleo, decidió que dicho fondo de combate a la pobreza lo maneje el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), sin especificar si este entrará al Presupuesto General de la República.
Sandino dice que si el Gobierno “se atreve a darle un uso discrecional y opaco a este fondo” deteriorará la institucionalidad del MHCP; por tanto, debe “enviar a la Asamblea Nacional una pronta reforma para incorporar al Presupuesto General de la República 2015 ese fondo destinado a financiar programas sociales”. Inclusión que lo obligaría a reportar su uso trimestralmente, con toda transparencia, en los informes de ejecución y liquidación presupuestaria.
ARANA: REASIGNAR RECURSOS
Para el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central de Nicaragua, Mario Arana, “aunque la decisión está tomada”, al no haber sido consensuada con el sector privado debe reconsiderarse y reasignar los recursos destinados a financiar el combate a la pobreza, a la modernización del sector eléctrico que necesita bajar su tarifa para que el país sea más competitivo, atraiga más inversión y genere más empleo, ya que solo mejorando la inversión y el empleo se dará sostenibilidad económica a la política social de largo plazo.
Y añade que aún hay oportunidad de rectificar la decisión. “Hago un llamado a abrir la discusión para tratar de encontrar políticas y decisiones que apunten a la sostenibilidad de largo plazo del crecimiento, el estímulo de la inversión y la generación de empleo que es lo que le da sostenibilidad a la política social”, sostuvo Arana.
NUEVAS FUENTES
Según el economista Adolfo Acevedo, desde que inició la caída del precio del petróleo, el Gobierno buscó nuevas fuentes de financiamiento para programas que patrocinaba la cooperación venezolana. El subsidio a la tarifa de energía “lo convirtió en deuda forzosa de los consumidores” con la Caja Rural Nacional (Caruna).
El subsidio al transporte colectivo de Managua se reducirá por la caída del precio de los combustibles. Además, “en buena parte es financiado” por el Presupuesto General de la República, igual que el bono salarial que desde el año pasado se incorporó a este.
El programa Usura Cero se trasladó al Banco Produzcamos y el Hambre Cero es financiado por el Presupuesto y otros donantes.
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