Mientras un grupo reclamaba justicia este viernes frente al portón principal de Plaza El Sol en solidaridad con la joven que denunció violación en el Distrito Cuatro de la Policía de Managua, una mujer, pancarta en mano, demandó castigo para otro agente, que con su arma de reglamento agredió a su excónyuge.
Este otro agente policial le disparó en dos ocasiones a su hija, hecho que la mantiene en estado delicado en un hospital capitalino.
Por otra parte, la víctima de violación fue sometida ayer a una nueva entrevista en el Instituto de Medicina Legal (IML).
Ella denunció como su agresor al jefe de la delegación, comisionado mayor Darwin Rosales, quien al inicio de la semana rehusó brindar declaraciones cuando LA PRENSA buscó su versión.
EXIGEN JUSTICIA
Integrantes de las organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se plantaron frente al edificio policial, cuyos portones permanecieron cerrados y reclamaron a través de altos parlantes la suspensión inmediata de Rosales de su cargo.
En un pronunciamiento leído por la enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Reyna Rodríguez, las organizaciones demandaron a las autoridades que el funcionario sea sometido a un proceso judicial, que adopten las medidas necesarias para evitar que pueda obstaculizar el proceso de investigación en su contra y durante el juicio.
También pidieron a la Fiscalía que garantice la representación de la víctima y decrete las medidas precautelares necesarias que brinden su seguridad y protección. A su vez, que proceda a la mayor brevedad para presentar la acusación ante los tribunales por los delitos de violación y discriminación. Y a los tribunales le piden que sea aplicada la Ley 779, Contra la Violencia Hacia las Mujeres, con todo el rigor.
DEBERÍA ESTAR SUSPENDIDO
La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, criticó que por lo menos el denunciado “ya debería de estar suspendido de sus funciones”.
Brenda Rojas, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), indicó que la Policía tiene sus propios protocolos de atención, pues ayer era la tercera vez que la víctima fue conducida al IML, pese a que ella fue valorada el mismo día que denunció el hecho; a su vez el IML remitió los resultados a la Comisaría a nivel nacional.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, afirmó que a la víctima se le ha negado el derecho de conocer el expediente.
OTRO CASO DE VIOLENCIA
Por su parte, Rosa Montiel, con fotografías que demuestran el estado de violencia que sufrió su hija Yesenia del Carmen Munguía, de 29 años, denunció al oficial de Inteligencia policial designado a la Unidad Ajax Delgado, Jairo Alberto González, excónyuge de la víctima, de intentar quitarle la vida.
Según Montiel, su hija se había separado del hombre tras sufrir violencia de su parte. Pero ese día aceptó salir después de que la convenció que buscaran una reconciliación; la madre dice que ella aceptó por el bien de sus hijos. Sin embargo, el hombre en el trayecto la golpeó hasta arrancarle parte del cabello y le desgarró sus ropas, denunció Montiel.
“Y cuando ella trató de huir de los golpes de él, (el oficial) le disparó a las piernas (por detrás)”, relató la madre de la víctima, quien lamentó que ahora su hija está a punto de perder la pierna izquierda.
“El hombre abusó del poder y con la misma arma que le dan para resguardar la seguridad ciudadana agredió a mi hija y le disparó dos veces”, denunció Montiel.
Carrión cuestionó que en el caso de femicidio frustrado las autoridades remitieron la acusación a los tribunales de forma silenciosa, sin informarle a la familia de la afectada, la que no se enteró de la primera audiencia.
“Se trata de dos policías protegidos por los operadores de justicia”, criticó Carrión.
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