El empresario turístico y de transporte acuático, Milton Arcia, se quejó ayer de estar sufriendo un viacrucis, por las agresiones del Gobierno contra su propiedad, su derecho empresarial y sus derechos de persona humana.
Viacrucis, como muy bien sabemos, es la celebración religiosa anual conmemorativa del camino que recorrió Jesucristo, cargando penosamente la cruz en la que sería crucificado en el monte Calvario de Jerusalén. Pero viacrucis es también, en sentido figurado, la situación aflictiva que sufre cualquier persona por alguna causa ajena a su voluntad. De manera que no deja de tener razón el señor Arcia, al calificar como un viacrucis los atropellos del régimen de Daniel Ortega contra su persona y su propiedad, como han sido la demolición vandálica de un hotel que estaba construyendo en la isla de Ometepe, y la vejación policial que sufrió precisamente el Viernes Santo, día en el cual el pueblo católico celebra el viacrucis religioso de mayor solemnidad.
El acoso gubernamental contra el empresario Milton Arcia ha sido implacable. El año pasado sufrió la destrucción de otras costosas instalaciones turísticas que había construido en el Malecón de Managua, y solo después de muchos esfuerzos y gracias al amplio respaldo social logró que el Gobierno le entregara, en compensación, la propiedad en Moyogalpa donde estaba construyendo el hotel que el viernes santo fue convertido en escombros por una maquinaria estatal de demolición.
Independientemente de cuál sea la razón que tenga o invente el Gobierno para justificar este nuevo atropello contra el empresario victimizado, el hecho es repudiable en sí mismo y ha hecho sonar las alarmas en el sector empresarial. Por medio de un comunicado dado a conocer el sábado 4 de abril, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) repudió enérgicamente la agresión contra la persona y la propiedad del empresario Arcia. El Cosep advirtió al Gobierno que “sin respeto a la propiedad privada no puede haber empresas ni empresarios seguros que puedan trabajar con ahínco para generar prosperidad, y por tanto, tampoco puede haber una sociedad más democrática…” Y demandó “que se proceda a lo inmediato por las autoridades competentes a investigar el irregular actuar de funcionarios y miembros de la Policía que actuaron bajo el amparo de la fuerza y la impunidad”.
Ciertamente, ya que no se puede impedir las arbitrariedades y abusos del Gobierno contra el derecho y la propiedad, es necesario denunciarlos y solidarizarse con quienes, como el empresario Milton Arcia, sufren agresiones injustificables del poder político. El derecho de propiedad y de ejercicio empresarial son garantizados no solo por la Constitución Política de Nicaragua, como muy bien lo señala el Cosep, sino también por los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado nicaragüense es suscriptor y el Gobierno de Daniel Ortega tiene la obligación de respetar.
El viacrucis de Milton Arcia, el atropello a sus derechos humanos y de propiedad es una agresión contra la seguridad personal y jurídica de todos los nicaragüenses, un atentado contra la propiedad en general y una arbitrariedad totalitaria muy parecida a la que imperó durante la dictadura sandinista de los años ochenta, que al parecer algunos trasnochados tratan de restaurar.
