Como un mamarracho legal consideró el empresario Milton Arcia el acuerdo administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), que ordena la expropiación de su propiedad en Moyogalpa, tras declararla de utilidad pública. El mismo fue publicado en La Gaceta, cuando ya había sido demolido el hotel en construcción.
Ayer Arcia tenía más preguntas que respuestas ante todo lo que enfrenta, pero estimó que el Gobierno con esto pretendió enmendar la arbitraria ilegalidad cometida en su contra el Viernes Santo y estimó que más que una expropiación ha sido víctima de una confiscación.
Solo alguien que está desquiciado mental puede hacer esa barbaridad, sostuvo Arcia.
La incertidumbre rodea a Arcia pues hasta ayer no conocía los alcances del mismo y cómo le afectará en cuanto a su labor como transportista acuático, y una de sus inquietudes está relacionada con el área donde atracarán los ferris en el Muelle de Moyogalpa.
Conforme al acuerdo administrativo número 07-2015, firmado por el procurador general de la República, Hernán Estrada, declara de utilidad pública 4,332.41 metros cuadrados para la ampliación y desarrollo de la zona portuaria en el lugar conocido como puerto de Moyogalpa, en Ometepe.
En el Registro Público de la Propiedad de Rivas se encuentra legalmente inscrita a nombre de Arcia la propiedad de 4,332.41 metros cuadrados, en el muelle de Moyogalpa.
A efecto de desarrollar dicho proyecto se afecta totalmente por expropiación la propiedad de Milton Renato Arcia, inscrita bajo el número 46,063, Tomo 530, Folios 120-121; Asiento 1, Sección Derechos Reales: libro de Propiedades del Registro Público del departamento de Rivas, dice la publicación oficial.
Para ello la PGR nombra como unidad ejecutora a la Empresa Portuaria Nacional, tanto para la expropiación como para lo relacionado con la adquisición de Derechos Reales y demás derechos afectados por ese acuerdo .
Y aclara que es ante la Empresa Portuaria ante quien deberán comparecer las personas que se consideren afectadas en sus derechos dentro del término de quince días con el objeto de llegar a un avenimiento.
En la presente semana LA PRENSA intentó conocer la versión del presidente de la EPN, Virgilio Silva, pero alegó que estaba hospitalizado y tildó a Arcia de loco.
AÚN AHORA EL GOBIERNO VIOLENTA LA LEY
El acuerdo administrativo fue firmado por Estrada supuestamente el 27 de marzo. En el mismo se establece que actúan conforme a la Ley 229, Ley de expropiación en su artículo 4. En parte el mismo establece que las personas que se crean con derecho sobre dichos bienes tendrán un término máximo de quince días para comparecer ante la oficina señalada al efecto, con el objeto de llegar directamente con ellos a un avenimiento, sobre el monto y forma de pago de la indemnización.
Y agrega: Si dentro de ocho días de haberse presentado no se llegase a ese avenimiento, se procederá al juicio de expropiación.
Sin embargo, Arcia alegó que nunca fue notificado de este acuerdo administrativo.
MÁS CRÍTICAS
Para el exdiputado Agustín Jarquín, el acuerdo administrativo “es una torpeza jurídica” que más bien es un reconocimiento que el dueño es Arcia.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo: “Esta acción no hace más que dejar al descubierto el abuso y constituye prácticamente una confesión del delito”.
Para el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva Sánchez, el acuerdo administrativo es totalmente improcedente.
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