Oposición venezolana pide avances en investigación de cuentas de BPA

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) cuestionó este 14 de abril la falta de celeridad con la que, dice, la Fiscalía de Venezuela ha llevado la investigación por supuesto blanqueo de capitales a través de La Banca Privada de Andorra (BPA) que vincula a exfuncionarios del Gobierno de Venezuela.

El partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP) cuestionó este 14 de abril la falta de celeridad con la que, dice, la Fiscalía de Venezuela ha llevado la investigación por supuesto blanqueo de capitales a través de La Banca Privada de Andorra (BPA) que vincula a exfuncionarios del Gobierno de Venezuela.

«En España las investigaciones están muy avanzadas y en Venezuela no han ni siquiera empezado porque la Fiscalía no está aquí para aplicar la ley sino para perseguir y encarcelar gente», dijo en rueda de prensa el político José Guerra desde la sede del partido fundado por el opositor preso hace más de un año, Leopoldo López.

Guerra, uno de los candidatos opositores para las elecciones parlamentarias, propuso la necesidad de llevar a la Asamblea Nacional, (AN, Parlamento unicameral) una ley de repatriación de los los dineros «de la corrupción que hoy están en Andorra, y que hoy están en Suiza y en Panamá».

La BPA está actualmente intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EE.UU. por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) anunció el miércoles pasado que solicitaría ante la Fiscalía de su país investigar a los funcionarios a los que se les han descubierto cuentas millonarias en la BPA, así como a sus cómplices en la Policía y entidades financieras de Venezuela.

El parlamento de Venezuela acordó el 24 de marzo pasado abrir una investigación sobre los presuntos vínculos de cuatro ex altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos en un caso de blanqueo de dinero en España, siempre que la bancada opositora presente pruebas.

Ese mismo día, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, informó que pidió a la Cancillería que gestione ante la banca internacional la entrega de información sobre depósitos de venezolanos sospechosos.

En la investigación se menciona, entre otros, al empresario venezolano Diego Salazar, primo del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez, que supuestamente tendría en la BPA casi 200 millones de dólares, dinero que fue bloqueado y pocos días después, liberado.