Como de “barniz legal” calificó el exprocurador Alberto Novoa el procedimiento empleado por el Gobierno para expropiar al empresario Milton Arcia de su propiedad en Moyogalpa, hecho que a su vez consideró fue una “actuación de facto”. Novoa señaló que este no es el primer caso de expropiación ilegal en el país.
El exprocurador manifestó que en los últimos años ha conocido otros casos en los que se han utilizado figuras jurídicas para despojarlos de sus propiedades, como un juicio o cancelaciones registrales.
En tanto, el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, anunció que Arcia, introducirá hoy una denuncia en la Fiscalía de Rivas.
Arcia asistió ayer a una reunión entre una delegación de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) con el doctor Tom Koenigs, miembro del parlamento alemán y portavoz de derechos humanos del Grupo Alianza 90. Carmona dijo que al exponerle Koenigs “todas las arbitrariedades” que se registran en el país abordaron también la falta de seguridad jurídica, “como ejemplo pusimos el caso de don Milton”.
Carmona expresó que Koenigs “se comprometió a dar a conocer estas situaciones que se están dando en Nicaragua (…), algo que me gustó, algo que dijo él, (es que) estaba a la par de las personas que han sido víctimas de violación a sus derechos. Y (dijo) me refiero a su persona”, en alusión a Arcia, expresó Carmona que les transmitió el parlamentario alemán.
INSEGURIDAD ES PAREJA
Novoa manifestó que la seguridad jurídica, sobre todo en el campo del derecho económico, no está respetándose y “a cualquiera nos puede caer el peso del poder en cualquier momento”.
Ante esta arbitrariedad, afectados como Arcia “están en completa indefensión jurídica, porque los recursos legales no son efectivos dado que los hechos anteceden a la figura jurídica que posteriormente aparece. Primero se dan los hechos, después se trata de recubrir con una figura jurídica con algunos, digamos, pincelazos para dar legalidad en el caso”, refirió Novoa.
Para el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, la inseguridad jurídica radica en que dirigentes del partido Frente Sandinista a diferentes niveles después de tomar una decisión política, lo que hacen es utilizar a instituciones estatales para que acaten sus órdenes. Esto coloca a la ciudadanía en general en indefensión.
“Cualquier atropello e ilegalidad, cualquier decisión política que se ejecute y necesite maquillarse como legal utilizan a las instituciones para, según ellos, subsanar las ilegalidades”, explicó Álvarez.
Y ningún afectado como Arcia “puede acudir a un juez y esperar que un juez va a fallar conforme a Derecho, no se puede esperar que la Policía va a actuar conforme a la legalidad, no, no, en ningún momento, actúan conforme a las orientaciones políticas que les den, luego hacen una aplicación —según ellos— de la Ley, lo que en realidad es un forzamiento (de la Ley)”, sostuvo Álvarez.
Novoa explicó que previo a declarar una propiedad de utilidad pública, según la Ley, las autoridades deberían haber creado un caso como proyecto, luego fundamentar las razones para la declaratoria pública y dárselo a conocer al perjudicado. Luego, dijo el exprocurador, correspondía avisar a la unidad ejecutora a cargo de tomar posesión del bien y es hasta entonces que comienza un proceso judicial, que al declarar de utilidad pública el bien, se pone en conocimiento a las partes afectadas que tiene un plazo de 15 días para que concurran para llegar a acuerdo de mediación y acordar el precio.
Si no hay mediación o acuerdo, la unidad ejecutora somete al juez civil para que dirima el conflicto sobre el precio, el juez emite una sentencia que puede ser apelable. “Aquí no hubo proceso, el proceso fue hasta después de consumados los hechos. No es que no haya debido proceso, es que no hubo proceso, sino que fue una toma de hecho”, sostuvo Novoa, quien refirió que de la forma en que fue expropiado Arcia, únicamente puede efectuarse en casos de catástrofe.
ALERTA A EMPRESARIOS
El diputado Javier Vallejo, de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, explicó que la propiedad era un arrendamiento en el que Arcia tenía un contrato con la municipalidad del lugar, por lo que solo la comuna podía proceder en algún conflicto, explicando que hubo abuso de atribuciones por parte de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
Vallejo refirió que la situación ocurrida con Arcia es “un campanazo de alerta” para el sector empresarial e inversionistas. Agregó que ni a la EPN ni al Marena les correspondía “sancionar, juzgar, desalojar o destruir” la propiedad de Arcia.
“Solo imaginate lo que le va a tocar a todos aquellos que están en la ruta del Canal, todas aquellas comunidades indígenas. Si este hombre (Milton Arcia) que tiene sus realitos, tiene recursos y es un hombre público, le hicieron todo esto, ahora te imaginarás lo que le harán a todos esos campesinos que serán afectados”, declaró Vallejo.
BALTODANO ESQUIVO
El asesor presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano, esquivó pronunciarse sobre el caso del empresario Milton Arcia y se limitó a decir que en los últimos años la confianza del capital nacional ha ido en crecimiento.
Baltodano, quien se reunió con una delegación de inversionistas alemanes y quien se mostró nervioso al ser consultado sobre este conflicto, dijo que muestra de que hay confianza en el país es que también está llegando capital centroamericano. “El capital nacional está invirtiendo hoy con mucha mayor fuerza que antes, hay confianza del capital extranjero y el capital nacional”, afirmó.
(Colaboración de Wendy Álvarez e Ilich Buitrago).
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