Costa Rica acusó este martes 14 de abril a Nicaragua de incumplir un tratado de fronteras, al presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sus alegatos en la demanda contra el país por la supuesta invasión de un territorio limítrofe.
Desde este martes y hasta el 1 de mayo, el alto tribunal de la ONU examina esta demanda y otra presentada por Nicaragua contra Costa Rica por la construcción de una carretera en la margen derecha del río San Juan, que marca la frontera oriental entre ambos.
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Las dos demandas han provocado la peor crisis diplomática en décadas entre ambos vecinos centroamericanos, aunque las partes esperan que la relación bilateral mejore tras el fallo.
Los jefes de las delegaciones, el canciller costarricense Manuel González y el embajador nicaragüense en Holanda Carlos Argüello, dijeron a la AFP que sus países respetarán el fallo, que se espera a fines de año o principios de 2016.
Abriendo los alegatos de Costa Rica, el agente de San José ante la CIJ, Edgar Ugalde Álvarez, arremetió contra los “actos unilaterales e ilícitos de parte de Nicaragua”, a la que acusó de invadir isla Portillos al acometer unos trabajos de dragado en 2010.
El territorio, que Nicaragua denomina Harbour Head, es un humedal de 3km2 protegido por la Convención internacional Ramsar, y se encuentra en el extremo oriental del río San Juan, en la costa del Caribe.
Según él, al enviar personal civil y militar a esa isla para abrir unos caños (canales), Managua vulneró el tratado de fronteras Cañas-Jerez de 1858, suscrito por ambos países.
“Es una violación grave del derecho internacional y ha atentado gravemente contra la coexistencia pacífica de nuestros dos países”, aseveró el diplomático, y añadió que los caños abiertos tenían la “intención precisa de transformar y amputar una parte del territorio de Costa Rica”.
El embajador costarricense en Holanda, Sergio Ugalde, denunció como “artificial” la demanda territorial de Nicaragua sobre isla Portillos, la cual, apostilló, “no vemos como un territorio sin valor, como dijo un funcionario nicaragüense”.
“Nunca antes de esta invasión había hecho Nicaragua una reivindicación, ni podía Costa Rica imaginar” que así ocurriría, abundó el jurista argentino Marcelo Kohen, contratado por el gobierno de San José.
Nicaragua defiende su soberanía alegando cambios geográficos naturales en esta zona pantanosa y rica en sedimentos del río San Juan.
Según la parte costarricense, la cuestión quedó zanjada con el arbitraje encargado en 1898 al ingeniero estadounidense Edward Porter Alexander, una interpretación con la que Managua discrepa.
La delegación nicaragüense presentará sus alegatos en la demanda presentada por Costa Rica el jueves y el viernes.
Al margen de las sesiones, Carlos Argüello reiteró en declaraciones a la AFP que “este territorio pertenece a Nicaragua”, y observó que su país “no está discutiendo un territorio lleno de petróleo o cosa valiosa”. “No es un asunto del que depende la seguridad o la riqueza de cualquiera de las dos naciones”, añadió.
El embajador Argüello aseveró que se acatará la decisión de los jueces, y que “cualquiera que sea [el fallo de la CIJ], ya pasamos esta página y nos olvidamos de este asunto”.
Una relación bilateral dañada
En 2011, el anterior gobierno costarricense de Laura Chinchilla empezó a construir la ruta 1856 a lo largo del río San Juan, con el objetivo declarado de favorecer el desarrollo de las comunidades locales y desenclavarlas.
Nicaragua denunció ese año ante la CIJ que con dichos trabajos, Costa Rica estaba causando daños medioambientales en la zona.
Las delegaciones acudieron a La Haya con un importante equipo de consejeros, abogados y expertos, con amplia experiencia internacional.
Manuel González manifestó a la AFP la “ilusión” de que “una vez dictado el fallo se empiecen a abrir los espacios necesarios que con el tiempo regeneren la confianza entre los países”.
“La resolución de esos dos primeros casos va ser muy importante para la definición de nuestros relación bilateral, relación bilateral que de todos modos no es la mas fluida”, añadió.
Costa Rica presentó una tercera demanda ante la CIJ, en febrero de 2014, para que delimite las fronteras marítimas con su vecino del norte.
La cancillería de San José ha asegurado que el gobierno de Daniel Ortega está ofertando a petroleras internacionales 35.000 km2 (15.000 en el Caribe y 20.000 en el Pacífico) que “indiscutiblemente pertenecen a Costa Rica”.
