El 22 de junio de 2012, la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, entró en vigencia en Nicaragua prometiendo combatir, entre otros problemas, el femicidio. El mismo día, a las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Managua, activistas de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se manifestaban exigiendo la implementación correcta de la legislación. Y en la Avenida Bolívar una manta colgada rezaba: “La Ley 779 sin presupuesto, es un gallo pinto sin frijoles”.
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Desde entonces, según Reyna Rodríguez, enlace nacional de la RMCV, la Ley no ha sido aplicada como es debido. “En Nicaragua tenemos buenas leyes. La 779 es una. El tema es que el Estado no da condiciones para aplicarlas. El Gobierno no ha designado un presupuesto para implementar lo que se aprobó. A las mujeres se les sigue ridiculizando”, asegura.
Respecto al tema del femicidio, los números respaldan a Rodríguez, ya que con la Ley no se evidencian grandes cambios en cuanto a mujeres asesinadas. De acuerdo con datos de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), un año antes de que la Ley 779 entrara en vigencia, se contabilizaron 96 femicidios en Nicaragua y un año después, 84. Asimismo, el conteo arroja que desde que la legislación entró en vigor, se suman 211 mujeres asesinadas hasta el cierre de esta edición. Todas son cifras sumamente elevadas, según Rodríguez.
En tanto, Magaly Quintana, coordinadora de CDD, piensa que este fenómeno es normal, puesto que la Ley no es la que soluciona el problema. “Una ley no resuelve ningún problema si no va acompañada realmente de una actitud política. Si no hay campañas educativas para erradicar la cultura machista, no se llega a ningún punto. Hay excelentes elementos plasmados en la Ley 779, pero no contamos con campañas educativas, al contrario, las organizaciones de mujeres tienen prohibido entrar a colegios y universidades, principalmente públicas”.
REGRESO DE LA MEDIACIÓN
Más allá de la ineficacia —o no— de las autoridades para aplicar la Ley 779 en los primeros años que estuvo vigente, dos grandes reformas dispuestas por el Gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega han mermado la fuerza que, al menos en teoría, ostentaba la resolución legislativa.
Entre los avances de la Ley 779 más celebrados por los movimientos de mujeres, figuraba la anulación total de la mediación. En su artículo 46, se dictaba que “no procederá la mediación en los delitos señalados en la presente Ley”. Para Rodríguez ese era un logro, porque asegura que “la mediación obliga a la mujer a que perdone, a que calle. En ciertos casos es perdonar una amenaza de muerte, es una forma de tener sumisa a la mujer, de silenciarla”.
No obstante, el 25 de septiembre de 2013, la Asamblea Nacional aprobó por mayoría absoluta la Ley 846, reformadora de la 779. La mediación regresó en casos de delitos menores (aquellos con penas que no superan los cinco años de cárcel) y se otorgó a Daniel Ortega la potestad de reglamentar la Ley 779 vía decreto.
Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, justifica el restablecimiento de la mediación aduciendo que los magistrados habían obviado parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a la hora de proponer la Ley 779. “La mediación volvió porque algunos magistrados dijeron que al estar establecida en el artículo 94 de la LOPJ la mediación previa en todo tipo de juicios, nosotros de alguna manera estábamos pasando por alto esa Ley, pero llegamos al acuerdo de restituirla”, explica.
“¿Cómo es posible que la magistrada Alba Luz Ramos, quien promovió esta ley, venga ahora a hacer el cuadro de descalificar la ley y peor aún el articulado de la ley, en sus conceptos fundamentales?”, Magaly Quintana, coordinadora de Católicas por Derecho a Decidir.
FEMICIDIO SOLO EN ÁMBITO PRIVADO
En la Ley 779, según Gabriel Álvarez, jurista experto en temas constitucionales, la tipificación del femicidio tanto desde el ámbito público como privado era una mejora. La Ley establecía nuevos tipos de figuras penales en el marco de la violencia de género y la violencia institucional en contra de la mujer, así como un amplio cuadro de medidas precautelares y cautelares de parte del Ministerio Público, la Policía Nacional o las autoridades correspondientes.
Pero sucedió algo que “quitó el espíritu protector a favor de las mujeres que tenía la Ley”, según Álvarez. El 31 de julio de 2014, se publicaron los decretos presidenciales 42-2014 y 43-2014 en la edición 143 del Diario Oficial del Gobierno, La Gaceta, con los cuales se reformó el reglamento de la Ley 779. El delito de femicidio se redujo solo al ámbito de relaciones de pareja y se dictó la creación de Consejerías Familiares en los barrios, con la misión de ser los primeros en abordar la violencia en contra de las mujeres.
El jurista señala que “la modificación al reglamento es tan grave que altera la tipificación de femicidio, reduciéndola al ámbito privado. Los cambios son radicales”.
Producto de dichos cambios, que Alba Luz Ramos califica de “pequeñas reformas”, a comienzos de julio de 2014 el comisionado general Francisco Díaz emitió un informe de la Policía Nacional en el que redujo la cifra de femicidios drásticamente, de 46 casos a 18 en el primer semestre del 2014. Sin embargo, las muertas siguieron muertas.
La reducción es importante porque “al haber menos casos tipificados como femicidio el Gobierno dice que en Nicaragua existe la mejor seguridad ciudadana, que este es un Gobierno preocupado por la sociedad”, indica Rodríguez. Pero para Alba Luz Ramos, “mujeres muertas son mujeres muertas. Al final no importa cómo se le llame. Lo importante es que se haga justicia, que se sancione”.
“No hay ningún maquillaje de cifras en realidad. Mujeres muertas son mujeres muertas. Al final no importa cómo se llame. Lo importante es que se haga justicia”, Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
¿ESTADO RESPONSABLE?
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado de México por violar los derechos humanos en casos de femicidio ocurridos en Ciudad Juárez en contra de tres mujeres y por la violencia estatal contra sus familias. La sentencia detalló la responsabilidad internacional de México y la negligencia de sus autoridades para combatir el problema.
Reyna Rodríguez lo tiene claro. Para ella el caso de México no dista del de Nicaragua. “Nosotras siempre hemos dicho que aquí el responsable de los femicidios es el Gobierno. Nunca le ha interesado este tema. Nunca ha designado un presupuesto en este tema, pero sí hay para otros tipos de cosas como las movilizaciones nacionales para el 19 de julio o para los ‘árboles de la vida’ de veinte mil de dólares cada uno. ¿Se imagina qué no podría hacer un centro de mujeres con veinte mil dólares para apoyar a muchas que sufren situaciones de violencia?”
La coordinadora de CDD, Magaly Quintana, corrobora lo dicho por Rodríguez: “El único responsable de los femicidios aquí es el presidente Daniel Ortega. A él lo hacemos responsable de lo que nos pase a las mujeres de ahora en adelante”.
Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, lo ve diferente.
—¿Es comparable el caso de México con el de Nicaragua?
—Por supuesto que no.
—¿No hay maquillaje de cifras?
—No, por supuesto que no. Es más, nosotros tipificamos el femicidio en la Ley 779. No existía, no existía…
“El femicidio tiene que ver con un problema cultural, machista, de cómo nos han formado. La solución pasa por una cuestión educativa. Desde chiquito el niño debe saber que vale lo mismo que la niña”, Reyna Rodríguez, enlace nacional de Red de Mujeres Contra la Violencia.
ORIGEN
La génesis de la Ley 779 surgió en la lucha de movimientos en pro de los derechos de las mujeres. En octubre de 2010, el Movimiento María Elena Cuadra presentó una propuesta de aprobación de ley con el respaldo de 12,000 firmas. Esta fue fusionada con otra iniciativa redactada por la Corte Suprema de Justicia y la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres. Se aprobó el 26 de enero de 2012.
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