Utilidad pública versus seguridad jurídica

La mañana del pasado jueves 9, días después que la obra gris de su hotel en Moyogalpa le fuera sorpresivamente demolida el pasado Viernes Santo, el empresario ometepino Milton Arcia se encontraba en un programa de Radio Corporación cuando recibió otra sorpresa desagradable.

La mañana del pasado jueves 9, días después que la obra gris de su hotel en Moyogalpa le fuera sorpresivamente demolida el pasado Viernes Santo, el empresario ometepino Milton Arcia se encontraba en un programa de Radio Corporación cuando recibió otra sorpresa desagradable.

Un periodista de Confidencial le llamó para informarle y pedirle su reacción, porque había salido en La Gaceta que toda su propiedad de 4,332 metros cuadrados había sido declarada de utilidad pública por la Procuraduría General de la República, que había nombrado como ejecutor a la Empresa Portuaria Nacional (EPN), la misma empresa estatal que le demolió unos ocho mil metros cuadrados que tenía su hotel en construcción.

Al día de hoy, según Arcia, la Procuraduría General de la República no le ha notificado formalmente de dicha decisión, la cual se da a pesar de que la misma procuraduría en una escritura pública le había adjudicado todo el terreno de su hotel y el puerto de los ferrys, como parte de la solución o permuta al litigio que tenía por la inversión que había realizado en el Malecón de Managua.

Este problema del dominio público fue resuelto, según Arcia, cuando las inversiones en el Malecón fueron evaluadas por Capisa en 1.3 millones de dólares, la Procuraduría en 1.2 millones y la Alcaldía de Managua en un poco más de 1 millón de dólares.

Arcia pidió únicamente que pagaran un préstamo por ochocientos mil dólares que él tenía con el banco para la construcción del muelle, que tiene más de cien metros de largo y que todavía está en su sitio, y en adición, que le dieran seguridad jurídica en las tierras que, desde 1998, tenía concesionadas a la Alcaldía de Moyogalpa donde estaba el hotel y el muelle de los ferrys. El Gobierno aceptó el trato, le dieron el lote de 4,332 metros cuadrados en permuta en una escritura pública y el empresario se fue contento, afirmando en aquel entonces que Nicaragua había ganado.

El hotel tenía doce años de estar en construcción y para cualquier viajero honestamente, parecía en abandono, además estaba prácticamente montado sobre la playa sin dejar una distancia razonable de costa.

Pero la Ley de Costas que mandata que las construcciones en los lagos y lagunas cratéricas deben dejar un retiro de cinco metros del nivel máximo promedio para que los inviernos no le afecta; también la ley deja bien claro que todas las construcciones anteriores a la vigencia de la ley y los concesionarios que tengan propiedades en las zonas costeras, no serán afectados.

No obstante, según Arcia la construcción fue detenida por el problema en el Malecón de Managua, pero una vez resuelto este con la negociación antes referida, había reiniciado los trabajos hace unos seis meses al ya tener seguridad jurídica y un diario local anunció, antes de la Semana Santa, que después de la misma iba a techar el hotel de dos pisos y 75 habitaciones, para luego finalizar su construcción con los acabados finales.

Si la EPN planeaba ampliar y mejorar las condiciones del Puerto de Moyogalpa, como parece ser el caso, tal como lo hizo en San Jorge, debió haber procedido con un debido proceso, valga la renuncia, y no haber actuado primero de forma arbitraria y luego buscar como producir una expropiación a destiempo y sin ni siquiera haber notificado oficialmente a la parte afectada; ya no digamos iniciar un proceso de justa compensación a como mandata la Constitución y las leyes.

Como viajero frecuente a la Isla de Ometepe y promotor que he sido por afinidad natural del turismo en la isla, me hubiera gustado ver terminado el hotel de Milton hace años, pero menos me han gustado las escenas impensables y dantescas que presenciamos el pasado Viernes Santo, tanto que hasta el cardenal Brenes se ha pronunciado lamentando y condenando los hechos.

Brenes, como todo el pueblo de Nicaragua, y ya no digamos el propio empresario afectado, están demandando al Gobierno que de su versión sobre los motivos que tuvo para demoler el hotel y realice una investigación a fondo sobre los responsables de estos hechos que ponen en entredicho la seguridad jurídica para los inversionistas en nuestro país, tal como lo ha manifestado también el Cosep.

El autor es diputado de la Bancada PLI y presidente de la Comisión de Turismo.

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