Arcia denuncia a funcionarios por diez delitos

El empresario Milton Arcia Marín interpuso denuncia contra cinco funcionarios públicos en la delegación departamental del Ministerio Público en Rivas y advirtió que si la entidad pública no resuelve en los próximos veinte días, se volverá cómplice de la expropiación de su propiedad, por lo que hará una protesta mediante una marcha.

El empresario Milton Arcia interpone denuncia ante la Fiscalía de Rivas contra cinco funcionarios del Estado. Le acompaña Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH. LA PRENSA/ RAMÓN VILLARREAL

El empresario Milton Arcia Marín interpuso denuncia contra cinco funcionarios públicos en la delegación departamental del Ministerio Público en Rivas y advirtió que si la entidad pública no resuelve en los próximos veinte días, se volverá cómplice de la expropiación de su propiedad, por lo que hará una protesta mediante una marcha.

“Pedimos al Ministerio Público que investigue a plenitud estos delitos, ellos tienen veinte días para resolver y si no resuelven, la Fiscalía se va a volver cómplice de estos actos criminales y aquí vamos a venir a protestar con una marcha y vamos a exigir justicia”, declaró el empresario isleño.

Los funcionarios señalados por Arcia Marín son Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN); Denis Hurtado (gerente de coordinación y gestión de puertos) y Nerys Sánchez (director de seguridad y protección portuaria) —todos funcionarios de la EPN—; Mario Rodríguez, exdelegado departamental del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y el comisionado Adolfo Mora, quien al momento de la demolición del hotel en construcción se desempeñaba como jefe de Seguridad Pública de la Policía de Rivas y es actual jefe interino de la Policía de Altagracia.

Los cinco funcionarios son señalados de la autoría de diez delitos: lesiones psíquicas, homicidio frustrado, violación al derecho de propiedad, usurpación al dominio privado, daño agravado, peligro a los medios de transporte, asociación para delinquir, discriminación al derecho de propiedad, abuso de autoridad o funciones, incumplimiento de deberes y requerimiento de la fuerza pública contra actos legítimos, detalla el documento de denuncia entregado por Arcia Marín al Ministerio Público de Rivas.

“Estamos pidiendo justicia, porque lo que nos han hecho es un atentado contra la vida y a la empresa privada. Aquí el Estado de Derecho no existe, vos dormís en tu casa y llega la Policía y sin ninguna orden judicial te saca, la situación es grave, nos sentimos indefensos, porque aquí gobiernan el rey y la reina, te mandan a la cárcel, te mandan a quitar todo y se están violentando todos los derechos de nosotros los ciudadanos”, lamentó Arcia Marín.

El empresario isleño apuntó que sumada a la denuncia entregaron a la Fiscalía fotos, videos, pruebas documentales y testimonios de personas que vieron a los funcionarios actuando en su contra, deteniéndolo violentamente y demoliendo el hotel en construcción. Arcia Marín aduce que llevaba una inversión de siete millones de dólares en 14 años de construcción.

Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indicó que estaban acompañando el proceso de reclamo del empresario Arcia Marín, por la violación a sus derechos constitucionales y humanos.

Carmona lamentó el estado de indefensión del que está siendo víctima Arcia Marín. “Las instituciones públicas que deben de garantizar las garantías constitucionales de cualquier ciudadano, a don Milton Arcia, lo han dejado en total estado de indefensión, no hay seguridad jurídica en nuestro país, aquí las instituciones confabulan con el objetivo de destruir las garantías de los derechos ciudadanos que tenemos”.

CLIMA DE INCERTIDUMBRE

La expropiación ejecutada por el Gobierno contra el empresario Milton Arcia “cumple con el único propósito de generar un clima de terror entre quienes se atrevan a oponerse o que apoyen a los que se oponen a sus ambiciones de poder económico, político y militar en Nicaragua”, le criticó la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, al presidente inconstitucional Daniel Ortega.

En una carta dirigida por Núñez a Ortega señala que la destrucción del edificio en construcción, propiedad de Arcia, “fue ordenada por usted” y le hace ver que esas acciones violentas cometidas contra el empresario “mantienen un clima tenso y de incertidumbre en el país”.

Núñez demanda a Ortega que rectifique en cuanto a la expropiación y derogue el acuerdo administrativo 07-2015 emitido por el procurador general de la República, Hernán Estrada, y pague una indemnización a Arcia por los daños y perjuicios causados.

PIDEN INVESTIGAR

La presidenta del Cenidh exige al presidente inconstitucional Daniel Ortega una exhaustiva investigación de los hechos acaecidos el Viernes Santo, en Moyogalpa, para que establezcan las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios involucrados.

Para el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva, la denuncia presentada por Arcia ante la Fiscalía debió incluir también a la jefa de facto de la Policía, primera comisionada Aminta Granera.

A su criterio, la Fiscalía estaba obligada a investigar de forma oficiosa. Consideró que las autoridades incurrieron en un delito y “la única forma de pagar el delito contra Arcia es con la cárcel”.

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