Meses atrás, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en Costa Rica, Daniel Ortega concedió el uso de la voz a Rubén Barrios, independentista de Puerto Rico. En el mismo sentido, durante la VII Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, Ortega abogó nuevamente por la causa independentista. Esta situación ha sido objeto de críticas, pero más allá del protocolo, es importante hacer referencia a lo trasnochado y descontextualizado de la demanda.
En la primera mitad del siglo XIX se reconoció en el orden jurídico internacional el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, el derecho de los pueblos a determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, político y social. El reconocimiento normativo de este derecho por la comunidad internacional deslegitimó la presencia colonial, principalmente la europea en África y derivó en la Resolución 1514 de la ONU de 1960.
Esta Resolución parte de la incompatibilidad del colonialismo con la Carta de Naciones Unidas, por ser la sujeción de los pueblos a la dominación extranjera una negación de derechos humanos y una amenaza a la paz. El derecho a la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda de independencia, derivó a su vez en la formación de grupos armados de liberación nacional, por esta razón es jurídicamente incorrecto que el Frente Sandinista de Liberación Nacional adopte ese nombre, ya que esa lucha armada no buscaba la independencia de Nicaragua, sino la deposición de la dictadura somocista.
Estos procesos de descolonización, que iniciaron con la independencia de la India de Inglaterra en la década de los cuarenta, también fueron víctimas de la Guerra Fría y por ello, la referida Resolución prescribe el intervencionismo al prohibir los intentos de quebrantar la unidad nacional o integridad territorial de un país, que es justamente lo que hizo Rusia en Ucrania respecto de la región de Crimea en 2014.
En sentido formal, Puerto Rico es un Estado libre y asociado a los EE.UU. y en efecto puede aspirar a su independencia, pero lo cierto es que la dinámica de lucha de independencia ha cambiado en el mundo desde que Daniel Ortega se involucró en la guerrilla, asaltaba bancos para la causa y observaba el desarrollo del conflicto desde la cárcel o desde el exilio en Costa Rica.
Hoy en día, la independencia se pide mediante mecanismos de consulta a la población. Recientemente fue noticia la consulta hecha al pueblo escocés sobre su futuro político y el pueblo se expresó. Lo mismo ocurrió en Puerto Rico el 6 de noviembre de 2012, cuando el pueblo fue consultado sobre su independencia y solo el 5.5 por ciento votó a favor de la independencia de Puerto Rico.
Esa elección contó con cerca del 80 por ciento de participación de un universo apto para votar de más 2,300,000 personas. El plebiscito hecho al pueblo de Puerto Rico, es la mayor prueba de autodeterminación y si el pueblo de Puerto Rico se encuentra conforme con su estatus jurídico o desea ser un Estado más de EE.UU., es su decisión.
Los señalamientos de Ortega no solo son descontextualizados e infundados, sino además son injerencistas sobre la decisión soberana de un pueblo e irrespetuosas de su derecho humano a la participación política del pueblo de Puerto Rico.
Ortega tal vez solo buscaba algunos minutos de fama a nivel internacional, pero por las razones expuestas sus planteamientos no serán tomados en cuenta por la comunidad internacional. Pero este acto de protagonismo o megalomanía, podría resultar contraproducente, porque si a los problemas internos que tiene Ortega le sumamos señalamientos de la comunidad internacional, su régimen se debilitaría, así que tal vez le convenga más permanecer callado.
