El embajador de Nicaragua en Holanda y representante ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello, dijo este jueves 16 de abril que Costa Rica “no puede impedir” a Nicaragua que realice trabajos en su propio territorio, al tiempo que sostuvo que no ha causado daños medioambientales como alega San José.
En su intervención ante la CIJ durante el turno de argumentos orales de Nicaragua, Argüello indicó asimismo que “el principal problema” entre los dos países reside en que “los mapas oficiales” no reflejan “la realidad en el terreno”.
El canal separador “no es una delimitación clara” y los límites serán y han sido “gradualmente cambiantes” por “causas naturales”, dijo el representante nicaragüense.
Además, destacó que “Costa Rica no puede impedir” que “Nicaragua realice trabajos de limpieza de mejora en su propio territorio”.
La razón por la que se realizaron trabajos de limpieza después de 2010 “fueron debidos a la dificultad de navegación dada la abundante vegetación”, recalcó.
Carlos Argüello dijo también ante la Corte que, a pesar de que Costa Rica “pide indemnización por los daños ocasionados en los bancos del río San Juan”, primero “se habrán de demostrar”, y que “no considera que hayan ocurrido” ni que Nicaragua “haya tenido intención de causar”.
Igualmente recalcó que Nicaragua “no ha violado” ninguno de los acuerdos con Costa Rica ni tampoco la ley internacional.
Con este objetivo ha anunciado que el profesor de Ley Internacional de la Universidad del Pacífico Stephen C. MacCaffrey “lo demostrará en las declaraciones de mañana”.
El caso que enfrenta a ambos países centroamericanos tiene su origen en una demanda presentada por Costa Rica en 2010 por una supuesta invasión de Nicaragua a territorio costarricense en la fluvial Isla Portillos o Isla Calero, cercana a la costa del Caribe.
Costa Rica asegura que Nicaragua causó daños a un humedal protegido por convenios internacionales en territorio costarricense al abrir un canal para intentar unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe.
Por su parte, Nicaragua afirma que esa zona le pertenece y la llama Harbour Head.
Costa Rica amplió la demanda en septiembre de 2013 al denunciar ante la CIJ que Nicaragua abrió dos caños más en la zona en disputa, pese a que la Corte había ordenado a ambos países medidas cautelares como mantener despejado el sitio.
Los jueces decidieron agregar al caso una demanda de 2011 de Nicaragua contra Costa Rica por supuestos daños ambientales al río San Juan durante la construcción de un camino de lastre de unos 160 kilómetros que corre paralelo al afluente.
