Los Gabinetes de la Familia Comunidad y Vida incorporados en el Código de la Familia se formaron como una reencarnación de los fracasados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y tienen su origen en la estrategia nacional del gobierno denominada “Vivir bien, vivir bonito, vivir sano”.
A inicios del año 2013 el ejecutivo, envió a la Asamblea Nacional varias mociones para incluirlas en el Código logrando incluir un nuevo capítulo referido a los gabinetes, con lo cual se garantizaban una base legal para su existencia y actuaciones, al incorporarlo como otras formas expresivas de participación se le dio rango constitucional al incluirlos dentro de la reforma constitucional aprobada en enero del 2014.
Al quedar oficialmente legalizados los Gabinetes de la Familia, con el Código tienen sustento legal, pero violentan principios de libertad, afectando derechos y distorsionando el verdadero concepto de participación ciudadana.
De acuerdo con el último párrafo de artículo 32 del Código, estos organismos se inspiran en valores cristianos, ideales socialistas y prácticas solidarias siendo desde todo punto de vista inconstitucional ya que atenta contra la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión consignados en el artículo 29 de la Carta Magna al atribuir a los Gabinetes un tipo de ideología (socialista) y establecer que deben inspirarse en valores cristianos, con lo cual también se viola el artículo 14 constitucional que señala que el Estado no tiene religión oficial y se introduce un eslogan partidario en la lógica del ordenamiento jurídico.
El artículo 49 de la Constitución establece el derecho que tienen los nicaragüenses de organizarse según la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, por lo tanto es contraria a esta disposición imponer un tipo de comportamiento o principios como la solidaridad a una organización social que se supone no es partidaria y deben ser sus miembros y no ley la que mande cuáles serán sus motivaciones a seguir.
El artículo 33 del Código de la Familia es igualmente contrario a la Constitución, dado que se menciona como uno de los objetivos “Promover la comunicación y la convivencia fraternal, responsable y solidaria entre las personas y las familias de una comunidad, estableciendo medidas integrales de prevención que generen seguridad y protección en la familia”.
Al poner en práctica este objetivo estarían violentando el numeral 1 del artículo 26 de la Constitución que garantiza el derecho de toda persona a su vida privada y a la de su familia, ya que permite una intromisión directa en los asuntos familiares de los nicaragüenses, lo cual le permitiría al Estado disponer de una instancia legalmente establecida para controlar en la forma que estimen conveniente la vida privada y el entorno familiar de cada ciudadano.
Los Gabinetes de la Familia contradicen también el artículo 50 de la Constitución, que instaura el derecho ciudadano de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal, ya que aun cuando se definen como una organización amplia donde puede participar todo el que lo desee, es del conocimiento público que están integrados por militantes del partido de gobierno.
Esta condición hace que sus actuaciones no sean espontáneas o de iniciativa propia, sino que responden a lineamientos gubernamentales, lo cual los convierte en una organización privilegiada y por consiguiente excluyente que desnaturaliza la participación ciudadana al imprimirle un sello político partidario que impide se cumpla el derecho de participar en igualdad de condiciones en la gestión del Gobierno ya sea a nivel nacional o local.
Todo esto pone en evidencia que la inclusión de los Gabinetes de la Familia en el Código de la Familia, respondió a un interés político y no a una necesidad jurídica, de hecho en el capítulo que se les dedica no se encuentra ninguna motivación legal que justifique su incorporación al Código, más bien se percibe la intención de acomodarlos abriéndoles un espacio dentro de un mecanismo de control social.
El autor es docente de Derecho Constitucional y director ejecutivo del Grupo Projusticia.
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