Costa Rica dijo haber “desarmado” el caso de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por supuestos daños ocasionados al limítrofe río San Juan durante la construcción de una carretera, según un comunicado oficial divulgado este viernes 24 de abril.
El gobierno costarricense “presentó abundantes alegatos y pruebas que demostraron que Nicaragua no ha logrado presentar evidencia que muestre daño al río San Juan derivado de la construcción de la ruta 1856” del lado de su territorio, señaló la nota difundida por la Cancillería en San José.
Los dos países centroamericanos ventilan dos litigios ante el tribunal, en audiencias que iniciaron el 14 de abril y que concluirán el 1 de mayo en La Haya, Holanda.
Uno de ellos se refiere a una demanda presentada por Costa Rica en 2010 por supuesta invasión de Managua a un pequeño humedal en la zona limítrofe común -Isla Portillos para Costa Rica, Harbour Head para Nicaragua-, que ambos países reclaman como parte de sus respectivos territorios.
El otro se refiere a una demanda de Nicaragua contra Costa Rica en 2011 por la contaminación del río San Juan durante el proceso de construcción de una carretera paralela al afluente.
El jueves y viernes el equipo jurídico costrarricense “evidenció que (este último) se trata de un caso fabricado por Managua con el fin de disimular sus acciones ilícitas ligadas a la ocupación militar del sector norte de Isla Portillos”, señaló la Cancillería.
El alegato de Costa Rica ante la corte internacional subrayó que la construcción de la vía fue una respuesta “pacífica y legítima” ante la “violación del régimen fronterizo” establecido desde el siglo XIX mediante tratados vigentes entre ambos países.
Además de la presencia militar en Portillos, Managua amenazaba con reclamar derechos de navegación en el río Colorado, que se encuentra en territorio del país vecino, así como derechos sobre la provincia costarricense de Guanacaste, fronteriza con Nicaragua, puntualiza el documento.
Por otra parte, “Nicaragua ha venido sistemáticamente restringiendo los derechos costarricenses de navegación en el río San Juan, por lo que la construcción de la Ruta 1856 tenía el propósito de facilitar la comunicación a la largo de este sector de la frontera”.
El canciller costarricense, Manuel González, afirmó que su país aceptará la decisión de la CIJ, cualquiera sea ésta, pero “estamos seguros de la sólida argumentación jurídica planteada, por lo que no dudamos obtener una resolución favorable a los intereses de Costa Rica, en ambos casos”.