La noticia de La Página, sitio digital de El Salvador, con fecha del 24 de abril del 2015 en curso, retrataba en pequeño un gigante problema que azota a El Salvador desde 2014: la guerra de las maras contra el Estado y la reacción de las autoridades contra los grupos antisociales.
PNC decomisa armas de guerra tras enfrentamiento con 15 pandilleros en Ciudad Delgado, decía el titular, que se acompañaba de un antetítulo: Agentes de la PNC se enfrentaron a tiros con 15 pandilleros en el kilómetro 10 de la carretera Troncal del Norte en San Salvador.
Cadáveres por todas partes
El resto de la nota hablaba de la captura de armas y el hallazgo de cadáveres de presuntos pandilleros a manos de la Policía.
Según la Policía, el lunes por la noche sujetos vestidos como policías llegaron a sus casas en el cantón La Longaniza, de San Rafael Obrajuelo, para sacarlos por la fuerza. Esta madrugada fueron encontrados eliminados luego que se montara un operativo de búsqueda, decía la nota, que reportaba otros homicidios en diversas circunstancias y sitios del país.
En los demás medios y en agencias de noticias internacionales la noticia más importante de la agenda era que unos cuatrocientos pandilleros habían sido trasladados ese mismo viernes de prisiones en el norte y oriente de El Salvador, a otra de mayor seguridad en Izalco, 66 kilómetros al oeste de la capital, para cortarles la comunicación con sus bandas en el exterior y evitar nuevos delitos.
Esa misma semana, el lunes 20 de abril, el gobierno salvadoreño anunció la disposición de un batallón de policías especializados en el combate de las maras, o pandillas, que trabajará en forma coordinada con otros tres batallones de reacción inmediata de la Fuerza Armada.
El comisionado de la Presidencia para la Seguridad, Hato Hasbún, dijo a los periodistas locales que la Policía Nacional Civil dispondrá de doscientos hombres para conformar un batallón especial de limpieza, que tendrá como objetivo el combate de estas estructuras criminales que en las últimas semanas han arreciado sus ataques armados contra las autoridades.
Todo contra las maras
Hasbún, quien se negó a dar detalles del nuevo batallón especializado, explicó que operará en los cincuenta municipios más violentos del país. Yo no voy a explicar cómo funcionan porque, si no, estaría revelando datos que yo no puedo revelar; son batallones inmediatos, especializados, agregó.
Son batallones livianos que tienen doscientos efectivos cada uno y la base de organización de estas unidades es el Comando de Fuerzas Especiales donde tenemos la élite de nuestros soldados, dijo luego el ministro de la Defensa Nacional, el general David Munguía Payés, en entrevista con la televisión nacional.
Explicó que estas unidades tienen capacidad para operar en las áreas urbanas y rurales, con capacidad de patrullajes a corto, mediano y largo alcance, con equipos de francotiradores con movilidad terrestre y aérea.
5,000 es la cantidad aproximada de muertes violentas vinculadas a la guerra contra las maras que se estima ocurrirán en El Salvador al finalizar el año 2015, si continúa el ritmo de asesinatos que se registra desde enero.
Detalló que los tres batallones de fuerzas especiales estarán bajo los mandos militares, pero a disposición de apoyo a los planes de la Policía Nacional Civil.
El ministro informó que las unidades militares van a trabajar en los 51 municipios que las autoridades han identificado como de mayor incidencia delincuencial, pero agregó que tienen capacidad para operar en todo el país, por eso es que estas unidades son livianas, con gran potencia de maniobra, de fuego y de operar en cualquier lugar del país y en cualquier situación meteorológica.
Munguía Payés, quien citó informes de Inteligencia, dijo que han detectado algunos grupos armados en las faldas del volcán Chichontepec, en la jurisdicción de San Vicente, a uno sesenta kilómetros al este de la capital y en el cerro de Guazapa, a unos 25 kilómetros al norte de San Salvador.
El jefe militar sostuvo que estos grupos armados, supuestamente de las pandillas, se han refugiado en las zonas montañosas debido a la operatividad de la Policía y del Ejército en las ciudades. Sin dar mayores detalles, Munguía Payés afirmó que ya han realizado algunas operaciones contra estos grupos en esas zonas montañosas.
En el contexto de los anuncios de la guerra de las autoridades de El Salvador contra las maras o pandillas organizadas, abundaban las noticias diarias de ataques de grupos delincuenciales a soldados y militares salvadoreños, así como asesinatos a civiles de toda índole, asaltos, secuestros y extorsiones a granel.
El fin de semana previo al anuncio de fuerzas especiales contra las maras, unos veinte pandilleros armados con fusiles, escopetas y pistolas sostuvieron un enfrentamiento armado con una patrulla de la Fuerza Armada, con el saldo de nueve pandilleros muertos y dos capturados ilesos, todos de la pandilla Barrio 18.
LA PRENSA/ARCHIVO
La nueva tregua de las maras
En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, los pandilleros tienen presencia en gran parte del territorio nacional y están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Ante el empuje y la reacción de mano dura del gobierno salvadoreño del presidente Salvador Sánchez Cerén, los pandilleros organizados emitieron un insólito comunicado mediante el cual se comprometen a respetar la vida de policías, soldados, guardias de las prisiones, jueces, funcionarios públicos y políticos, así como a reducir los asesinatos en general.
Desde ya estamos girando instrucciones de acuartelamiento a nuestras unidades, de almacenamiento de hierros y pertrechos (armas), señalaron en su comunicado las peligrosas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, de acuerdo con El Diario de Hoy.
El comunicado señala que la nueva tregua es una ofrenda para monseñor Romero y una muestra de arrepentimiento y solicitud de perdón a la sociedad por todo el daño causado, a la vez que denuncia el exterminio de al menos 140 mareros a manos de las fuerzas armadas.
El mensaje, que fue confirmado por el mediador de la tregua, Paolo Lüers, destacó que los pandilleros ya no atentarán contra la vida de los agentes policiales, militares, jueces, políticos y personas con menos posibilidades económicas.
Además anunciaron que cesarán todo tipo de ataques armados, renunciarán a su derecho de legítima defensa y disminuirán los delitos de extorsión, robo y hurto, afirmó el documento, que asegura que las nuevas medidas son en consecuencia a la propuesta de pacificación que hizo Raúl Mijango, a quien consideran una voz sensata que busca verdaderas soluciones al conflicto.
La propuesta a la que se refieren consta de 26 acciones, de las cuales 13 se deben cumplir por las pandillas, pese a que consideran que el Gobierno no muestra voluntad de asumir las otras 13 que le competen, denuncia el volante.
Rechazo a la tregua y luz verde a la guerra
El comunicado de las maras y la oferta de tregua fue rechazado tajantemente por el Gobierno.
A la violencia hay que derrotarla y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a golpear a la extorsión, vamos a golpear al crimen organizado, vamos a aislar a los criminales que están en el sistema penitenciario, dijo el vicepresidente Óscar Ortiz durante un evento oficial en la capital.
La propuesta, refrendada por las pandillas más importantes como la Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival el Barrio 18, se produce en momentos en que se han incrementado los atentados contra policías y militares, mientras se multiplican los ataques con granadas a sedes de seguridad.
Baño de sangre en 2015
La inédita tregua de hace tres años supuso un alivio temporal a la crisis de seguridad, pero poco después se revirtió y la situación volvió niveles críticos.
Con la tregua del 2012 la tasa de homicidios bajó el promedio diario de homicidios de 14 a 5. En marzo de este año fue de 15.5. Desde entonces, las pandillas han incumplido en reiteradas ocasiones su promesa de reducir los homicidios a cambio de reiniciar la negociación.
En el primer trimestre de este año se cometieron 1,121 homicidios, muy por encima de los 790 en el mismo período del año previo, según datos del Instituto de Medicina Legal.
70,000 es la cantidad de mareros organizados en El Salvador, según estimaciones oficiales. De ese número, se estima que diez mil están detenidos y sesenta mil operan en todo el territorio, en varias pandillas que controlan el país.
Un país se desangra
Marzo de 2015 cerró con 481 homicidios en El Salvador, equivalente a 16 muertes violentas por día, lo que lo convierte en uno de los meses más violentos en los últimos cinco años, cifras que algunos comparan solo con partes de la guerra civil que este país vivió hasta 1992.
Según las autoridades, 23 policías y seis militares han muerto en lo que va del año a manos de las pandillas, pero las víctimas de la violencia totalizaron 1,194 entre el 1 de enero y el 5 de abril, según las estimaciones oficiales.
Según estadísticas oficiales, 2014 cerró con 3,942 asesinatos, un aumento de 1,429 muertes violentas en comparación con el año anterior. Al menos 39 eran agentes policiales. Las desapariciones superan las trescientas personas que se creen fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes.
Los pandilleros organizados acusan a la policía de exterminar a 140 de sus miembros este año.
1,194 es el registro oficial de homicidios registrados por la autoridades de El Salvador entre el 1 de enero y el 5 de abril del año en curso, luego que las maras empezaran a atacar unidades y patrullas de las fuerzas armadas.
Política de mano dura, otra vez
El promedio de muertes violentas en El Salvador se fijó en 13 por día, atribuidos por la policía en su mayoría a las pandillas, luego que supuestamente estas rompieran una tregua de paz vigente desde el 9 de marzo de 2012. Aquí, en 2014, la tasa de homicidios concluyó en 68.6 por cada cien mil habitantes, una de las altas del mundo. Dentro de los planes oficiales para combatir la violencia, El Salvador deberá invertir 2,100 millones de dólares en los próximos cinco años, según un plan que presentó el jueves 23 de abril el Consejo Nacional de Seguridad, que reúne al Gobierno y a la sociedad civil.
El miércoles 22 de abril, el Gobierno de El Salvador pidió a la policía usar sus armas para defenderse de las pandillas, a la vez que instó al Congreso a endurecer penas para homicidas de agentes, fiscales y jueces. Cualquier miembro de la Policía Nacional Civil (PNC) que en cumplimiento de su deber en defensa de los ciudadanos, de su integridad, deba hacer uso de su arma de fuego, debe hacerlo sin ningún temor de sufrir consecuencias por ello, dijo el vicepresidente Óscar Ortiz.
Ver en la versión impresa las páginas: 6 A
