Ha sido una mujer la protagonista del gobierno más atípico de nuestra historia. En su período, que arrancó antier hace 25 años, se rompieron tres vicios de la tradición política nicaragüense: la violencia, el partidismo, y el autoritarismo caudillista.
Salvo el excepcional período llamado de los treinta años (1857-1893), en que hubo alternabilidad y cierta institucionalidad, todos los demás gobiernos, incluyendo el sandinista de 1979, exhibieron distintos grados de predominio de la fuerza sobre la legalidad, de confusión partido Estado, de subordinación de los poderes públicos al caudillo, y de continuismo.
Doña Violeta rompió la tradición. Nunca usó la fuerza o la coacción. A punta de una filigrana de diálogos y negociaciones dificilísimas, en un marco de absolutas libertades públicas, logró la hazaña de pacificar el país —entonces recién desgarrado por la guerra civil—. Ella lo resumió así: “Fui electa por la mayoría de los nicaragüenses, pero goberné para todos, sin distinciones políticas, étnicas o de cualquier otra clase. No di cabida en mi corazón ni al odio ni a la revancha, y siempre dije que sin reconciliación y perdón era muy difícil reconstruir nuestra patria”.
Ella rompió igualmente con la tradición partidista. La bandera azul y blanca fue la única que ondeó en las instituciones públicas y jamás exigió a sus empleados cuotas partidarias. Al nombrar su gabinete se guió por criterios profesionales, no políticos y dio cabida a funcionarios sandinistas. Su afán por nacionalizar al Estado tuvo una de sus máximas expresiones el 3 de septiembre de 1993, cuando anunció uno de los cambios más trascendentales en nuestra historia institucional:
“Al Ejército no debe importarle que gobierne un partido u otro, que el presidente sea verde o rojo, de centro, derecha o izquierda, sino que sea electo popularmente, honestamente y de acuerdo con la ley (Los militares) no deben tomar parte en lucha ni actividades políticas. Si toma partido en la política, se convierte en un partido armado Por consiguiente voy a enviar un proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, donde quede claramente establecida esta necesaria subordinación del Ejército al Poder Civil, donde también se establezcan plazos máximos al tiempo que un oficial podrá ocupar un determinado cargo en la institución, señalando que el plazo del Comandante en Jefe del Ejército no deberá exceder los cinco años”.
Algo similar hizo con la Policía, que, al igual del Ejército, suprimió su adjetivo de sandinista para convertirse en nacional, y cuyos mandos también comenzaron a ser relevados conforme criterios profesionales.
Igualmente atípico fue protagonizar un gobierno bajo el cual los poderes del Estado alcanzaron la independencia más alta de su historia. El Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia quedaron integrados por integrantes de todas las tendencias y operando con plena autonomía: en el primero Roberto Rivas, afín al entonces antisandinista cardenal Obando, Alfonso Callejas Deshon, liberal, Braulio Abaunza, conservador, y dos disidentes del FSLN, muy profesionales, Rosa Marina Zelaya y Fernando Silva. En la segunda figuraban ocho magistrados afines a los partidos de la UNO; Guillermo Vargas, Rodolfo Sandino, Fernando Zelaya, Francisco Rosales, Francisco Plata, Julio R. García, Arturo Cuadra y Kent Henríquez, tres sandinistas afines al MRS; Alba Luz Ramos, Josefina Ramos y Yadira Centeno, y uno, Marvin Aguilar, afín a Ortega. La Asamblea Nacional, por su parte, era tan independiente que doña Violeta se vio precisada, en 1991, a ejercer el primer veto en la historia del país.
Eran todos cambios profundos que auguraban una nueva era democrática. Tras irse a su casa, sin pretensiones ulteriores, doña Violeta dejó en nuestras manos un legado precioso. Es un crimen desmontarlo para volver atrás. Un crimen no hacer nada para evitarlo.
El autor es sociólogo y fue ministro de educación.
Ver en la versión impresa las páginas: 11 A
