Las últimas detenciones arbitrarias cometidas por la Policía en Rivas en contra de varios ciudadanos, y que terminó con la muerte aún no esclarecida de uno de ellos, demuestra la desprotección en que están los nicaragüenses, coinciden juristas consultados.
Para el abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, estos hechos son verdaderos secuestros.
“Esta es una política institucionalizada del terror, es implantar el terror, andar implantando el terror entre la ciudadanía”, dijo Álvarez, quien consideró además como “algo muy grave y delicado” el hecho de que a partir de las reformas de la Ley Orgánica de la Policía, Ley 228, el presidente de la República, se integró a la cadena de mando, al suprimir la intermediación del ministerio correspondiente.
Los expertos coinciden en que este tipo de actuaciones arbitrarias deben ser rechazadas por la población, porque son violatorias de las leyes, la Constitución y Derechos Humanos.
El pasado 28 de abril seis ciudadanos fueron detenidos en diferentes puntos de Rivas supuestamente —pues hasta ayer no fue aclarado— por sospechas de tener relación con el asesinato del oficial de Inteligencia del Ejército, Rafael Ángel Delgadillo.
Según denuncias de los familiares, en ninguno de los casos la Policía les presentó órdenes de captura. Y pese a que los arrestados no fueron encontrados en flagrante delito, fueron detenidos y conducidos a las celdas policiales.
Álvarez indicó: “Los nicaragüenses estamos en una desprotección total, la Policía secuestra al que ellos estiman. Eso es un secuestro si ni siquiera dicen dónde se encuentran”.
Álvarez recordó que la Constitución Política del país establece que un detenido debe pasar a la orden de la autoridad competente en un término máximo de 48 horas o debe ser dejado en libertad si no se le comprueba un delito y en el caso de Jean Carlos Jarquín Pérez, por ejemplo, pasó ocho días arrestado sin comunicárselo a sus familiares.
Álvarez advirtió que los casos recientes han evidenciado lo peligroso en que se ha convertido una actuación policial al pasar por encima de los más elementales principios y garantías procesales.
Por su parte, el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, aseguró que las autoridades “están violando principios constitucionales, cual es la libertad, cual es la seguridad, y por lo tanto no solamente violan el debido proceso, sino que arremeten contra el principio de derechos humanos”.
Álvarez señaló que tras la ocurrencia de una muerte en las celdas de la DAJ, como fue el del caso de Francisco Javier Ponce Sanarrusia, “la mera noticia basta para que el Ministerio Público investigue y en su caso, dependiendo de sus averiguaciones, abra el debido proceso penal”.
RESPONSABILIDAD DE ORTEGA PORQUE ÉL ESTÁ EN CADENA DE MANDO
“El presidente de la República no solo políticamente es responsable de lo que está haciendo la Policía, sino que jurídicamente responsable e imputable de los delitos que pudiesen constituir estas actuaciones”, dijo Álvarez.
Tras señalar que en este caso Daniel Ortega está obligado a investigar a fondo y determinar responsabilidades de la autoridad policial, ya sea la que ordena o ejecuta o ambas cosas este tipo de actuaciones.
“Por tanto la ciudadanía debe reaccionar condenando rechazando por inadmisible, por terrorífica estas actuaciones y el presidente (inconstitucional) Ortega no debe creer que la responsabilidad de estas actuaciones termina con la primera comisionada (Aminta Granera), porque él está presente, ahora está integrado en la cadena de mando de la Policía, a partir de las reformas”.
Novoa dijo en tanto: “Estamos en un estado de anarquía cívica en el cual no se respetan las normas”, al tiempo que recordó que la Policía solo obedece a una orden, que es la del presidente. “Y eso conlleva a que todos nos sintamos desprotegidos ante una orden presidencial que no ha sido comunicada oficialmente” .
Novoa indicó que el hecho de que estos ciudadanos hayan sido capturados y que la Policía “los hace responsables directos de la captura, de la permanencia en la cárcel y de la muerte del joven”.
El exprocurador considera que en el caso de la muerte de Ponce, “la explicación de la Policía no puede satisfacer ninguna explicación ni jurídica, ni lógica”.
La versión oficial la Policía fue que “el día domingo 3 de mayo del 2015, en horas de la madrugada, el oficial de control de detenidos realizaba la ronda de revisión en el interior de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), encontrando el cuerpo de un detenido con características de ahorcamiento, suspendido del techo de la celda”.
Al tiempo que se limita a referir que el Instituto de Medicina Legal (IML) “confirmó la muerte por ahorcamiento”.
PELIGRO ES QUE SE REPITAN ESTOS HECHOS
Álvarez advirtió que “si la Policía no enmienda de inmediato y deduce las responsabilidades, vamos a seguir recibiendo la trágica noticia de más muertos y más desaparecidos y que van a ser liberados cuando a ellos se les ocurra y eso no es propio de un Estado de Derecho, sino de un Estado de terror”.
Para Novoa, “la institucionalidad está destrozada, no en riesgo, ya aquí estamos llegando a la culminación de las arbitrariedades legales y llegando a la ejecución de órdenes directas de los policías. Ya la primera comisionada no puede tener la hoja de parra que pueda disimular la arbitrariedad, ya se le quitó la hoja de parra”.
El jurista y estudioso del Derecho Penal, doctor Alfonso Dávila Barboza, expresó que “lamentablemente en este país estamos siendo manejados por gente que no le importan los derechos humanos, no le importa el debido proceso”.
Y agregó Dávila: “Otra situación gravísima es que los reos capturados aparecen muertos. ¿Hay vigilancia o no hay vigilancia nocturna en los reos?” Por lo que estimó el doctor Dávila Barboza que es necesario un mayor control en esas cárceles.
ATROPELLOS
Para el doctor Alfonso Dávila Barboza, los atropellos ciudadanos son un peligro inminente en el país.
Recordó que todo ciudadano detenido o en las condiciones en que se encuentre tiene a su favor el debido proceso, el que pasa por que la Fiscalía debe presentar las pruebas, que se desarrolle un juicio y decidir quién tiene la razón.
“Se necesita acabar con tanto vasallaje que se comete”, sostuvo Dávila Barboza, exmagistrado de Apelaciones, quien refirió que esto ocurre porque las instituciones están cautivas por quienes “desgobiernan” el país.
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