A un año de que el Gobierno por el Estado de Nicaragua asistió a la segunda evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), ante el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no hay avances según organismos de Derechos Humanos.
El director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, manifestó que el seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones es uno de los principales problemas, por la falta de información de calidad.
209 recomendaciones le hicieron los estados a Nicaragua en mayo del año pasado, el doble de las que recibió en el primer EPU. En mayo decidió aceptar 144 recomendaciones.
A criterio de Ampié, debería haber un plan de nación para implementar las recomendaciones y para ello deberían formar una comisión interinstitucional, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, como ha recomendado a otros países en evaluaciones similares.
Para Ampié hay déficit en cuanto a las recomendaciones de los Estados, pues hubo varias recomendaciones que el Gobierno las rechazó en septiembre pasado y que muchos de estos temas continúan representando un problema en materia de Derechos Humanos como es el de la tortura. Ratificar el Estatuto de Roma, despenalizar el aborto terapéutico y reformar la Ley 779. Además modificar el Código Penal para que sea conforme con la comisión de la tortura y que sea penalizada en el Código Militar.
La libertad de expresión es otro pendiente señalado por Ampié y menciona, por ejemplo, el juicio contra el médico militar por emitir una opinión contra los agredidos en El Tule, en diciembre pasado.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, considera que hasta ahora “no ha mejorado la radiografía del Estado nicaragüense” y eso es falta de voluntad política del Gobierno.
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