Por ser Telcor una entidad que maneja a discreción la entrega de permisos a medios de comunicación y solo favorece al Gobierno y a sus aliados con concesiones radiales y televisivas causa desconfianza la intención gubernamental de controlar los puntos de intercambio de tráfico de datos de internet, nacionales y públicos.
Esto sería manejado por la Empresa Estatal de la Red de Banda Ancha, como lo propone el artículo 17 de la propuesta de Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha.
El diputado de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) Eliseo Núñez Morales considera que el artículo 17 demuestra la intencionalidad del Gobierno de ejercer control de las interconexiones, las cuales actualmente están en manos de las empresas privadas.
“Esto tiene que ver con el tema de quién es el que administra el acceso de la internet global al país y la administración de esto puede generarte la censura, la escogencia de palabras que podés decir, que no podés decir (en internet) (…)”, manifestó Núñez.
El diputado también explicó que con el manejo nacional de los puntos de interconexión de internet, el Gobierno puede crear algoritmos (instrucciones o reglas) en internet que van a permitir que una búsqueda pueda ser obtenida y otra no.
Pero más allá del control que podría ejercer por ley el gobierno sandinista, a través de censura informática, Núñez hace ver otro riesgo ligado a lo económico.
El diputado de la Alianza PLI explica que las empresas como Google o Apple no van a interesarse por estar en Nicaragua con estas medidas, debido a que el país no representa un objetivo comercial prioritario, como sí lo es, por ejemplo, China por sus mil millones de habitantes, pese a ser objeto de censura gubernamental.
“Si a Google o Yahoo no les parece que estas reglas nacionales sean conforme a sus políticas generales, simplemente no te dan acceso y quedás aislado”, explicó Núñez.
PRIVACIDAD EN RIESGO
Para el exdiputado Agustín Jarquín Anaya, la propuesta de Ley de Banda Ancha responde a los intereses políticos del Gobierno y por eso debe estar alerta la población en general, pues explica que al ejercer un control en este medio se estaría atentando contra la privacidad y los derechos de todos los usuarios.
“La propuesta dice que el ente va a garantizar la privacidad, pero ¿cómo? Si al ser un ente del Estado no habría neutralidad, entonces sería el control del partido (gobernante) en internet y eso impediría que muchos casos salieran a luz pública y eso es peligrosísimo”, explicó Jarquín.
Otro elemento que deja una duda es que la propuesta no ha llegado a la Asamblea, cuando ya está siendo discutida a lo interno con miembros de la empresa privada y el Gobierno.
“Ya se está volviendo una prática común discutir las cosas de manera discreta y una vez que ya está acordado algo se lleva a la Asamblea para que cumpla una formalidad”, opinó Jarquín.
Agregó que es necesario que se analice la aplicación del nuevo impuesto establecido en este proyecto de ley y que se consulte a los que lo van a asumir, en este caso los usuarios.
Aunque la propuesta asegura que va a promover la competencia y evitará la competencia desleal, el diputado de la Alianza PLI, Carlos Langrand, manifestó que es difícil creer en eso si el mismo director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, reconoció el pasado 5 de marzo el duopolio entre el empresario mexicano-estadounidense Ángel González y la familia Ortega-Murillo, gobernante en Nicaragua, quienes son los dueños de la mayoría de los medios televisivos en el país. Castillo indicó que los duopolios no están prohibidos por ley.
AMARC PIDE INCLUIR A CIUDADANÍA
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias —Amarc Nicaragua— protestó por la falta de consulta ciudadana a la propuesta de ley de regulación a las telecomunicaciones de banda ancha, aunque la misma ni siquiera ha llegado a la Asamblea Nacional.
“Creemos oportuno discutir sobre la intensión gubernamental de regular el internet, particularmente porque no encontramos en la propuesta de ley ninguna garantía a favor de la libertad de expresión y de la comunicación como derecho humano”, manifiesta en una nota de prensa Amarc Nicaragua.
El escrito hace ver que si bien “el Estado debe preocuparse por promover y masificar el acceso de la ciudadanía a cualquier servicio público, deben reflejarse las consideraciones de los sectores involucrados y de la ciudadanía.
Aunque la propuesta de ley aún no llega a la Asamblea, se conoció de su existencia porque sí ha sido presentada a empresas que ofrecen el servicio de internet.
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