Volvió la calma a las poblaciones de Bonanza, en el Caribe Norte, y Mina El Limón en el departamento de León, después que la semana pasada fueran sacudidas por estallidos de violencia social, que en Bonanza dejaron incluso un muerto, varios heridos y las oficinas de la empresa minera Hemco, saqueadas.
Los motivos de los disturbios fueron diferentes. En Bonanza, la violencia se debió a la inconformidad de un grupo de mineros artesanales con la empresa Hemco; mientras que en El Limón, la causa de la perturbación social fue que la empresa minera B2 Gold suspendió el suministro gratuito de energía eléctrica a la población.
La enseñanza que dejan estos sucesos es la misma de siempre, pero de la cual casi nunca se aprende: que no es con violencia que se resuelven los problemas; que las contradicciones económicas, sociales y políticas se deben resolver por medio del diálogo, la negociación y las concesiones recíprocas. Y en el caso específico de Mina El Limón, queda también la lección de que el populismo empresarial es insostenible y cuando las regalías no se pueden seguir manteniendo, los afectados reaccionan negativamente, incluso con acciones de violencia.
La obligación legal, social y ética de las empresas es pagar a los trabajadores y proveedores, los salarios y retribuciones adecuadas, cumplir las prestaciones que manda la ley y, si es el caso de que incrementen su rentabilidad, otorgar las bonificaciones que correspondan. Además, de conformidad con los modernos criterios de la responsabilidad social empresarial, las empresas deben contribuir razonablemente al mejoramiento ambiental, económico y social en sus ámbitos de operación y del país en términos generales.
Pero esto es distinto a las dádivas populistas, las cuales son negativas para las mismas empresas, como lo ha demostrado el caso de Mina El Limón. La gente se acostumbra a la gratuidad, llega a considerarla como derecho adquirido, y cuando por la razón que sea ya no se puede sostener, surgen las protestas que bajo determinadas condiciones pueden degenerar en disturbios violentos.
El populismo gubernamental se puede sostener porque se basa en el uso y abuso de los recursos del Estado. Para financiar sus programas clientelistas, los gobiernos populistas aumentan los impuestos, crean nuevas cargas tributarias, incrementan las tarifas de los servicios y los precios de productos monopolizados, como los combustibles, e inventan cualquier otra forma de recaudación directa.
Las empresas privadas no pueden hacer nada de eso para financiar el populismo empresarial. Este solo puede depender de la rentabilidad y cuando esta se reduce los programas populistas dejan de ser sostenibles.
A veces se confunde responsabilidad social corporativa con populismo empresarial, pero no es lo mismo. La responsabilidad corporativa es constructiva mientras que el populismo empresarial es nocivo. Bastante daño hace el gobierno con su populismo y sus recetas mágicas a los problemas de la sociedad, mediante los cuales depreda las finanzas públicas, aumenta desmedidamente el tamaño de la burocracia, divide a la población entre privilegiados y excluidos de los programas sociales, y fomenta la corrupción de los políticos gubernamentales y sus allegados.
