En nuestra conferencia de prensa de la semana pasada hice mención al proceso por el cual Telcor ha elaborado un proyecto de ley denominado “Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha”.
Nuestra primera valoración gremial es que desafortunadamente estamos en presencia de una iniciativa legal que es antiinversión privada, pero además, vuelve a introducir un tema que considerábamos resuelto cuando se discutió la reforma constitucional, como lo es, el pretendido interés de control absoluto del internet.
En ese proceso planteamos que la reforma era contraproducente con el libre ejercicio de las actividades económicas y la promoción de las inversiones; y que no era aceptable el control del Estado incidiendo en las comunicaciones por ser este un derecho inalienable de los ciudadanos.
La iniciativa de ley conforme está redactada plantea objetivos que pueden ser valorados como positivos, por ejemplo, la promoción y desarrollo de la Banda Ancha y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en Nicaragua, que permita promover la reducción de la brecha digital. Sin embargo, su contenido particular está dirigido a afectar el libre ejercicio de las actividades económicas y a conculcar los derechos constitucionales citados.
En relación con lo primero, la ley plantea que el poder ejecutivo promoverá la creación de una empresa pública que brindará servicios al Estado, al sector privado y a los particulares de acceso a la Banda Ancha.
Lo anterior significa que no se trata de promover desde el Estado el desarrollo de una red de infraestructura de comunicaciones de Banda Ancha, sino de crear una empresa estatal que competirá en condiciones desleales con el sector privado que ha invertido y apostado con visión a un sector relevante para el desarrollo del país. Desde el sector privado no podemos estar a favor de que se cree una empresa monopólica que venga a desaparecer a las empresas privadas y este anteproyecto va en esa dirección.
Otro tema que nos preocupa es que el ente regulador, bajo el argumento de que el servicio de Banda Ancha es un servicio público básico, pueda establecer un mecanismo de control de precios de los mismos. En Cosep siempre hemos defendido la libertad de mercado y como el mercado es el que determina los precios a través de un marco de libre competencia en beneficio de los usuarios y consumidores finales. No solo eso sino que el proyecto lo que hace es encarecer los costos de lo que hoy se está pagando en el sector.
También vemos como está planteado que el ente regulador pueda ejercer funciones no propias de su ámbito. Nos referimos a que no es competencia de Telcor implementar políticas de atracción de capital privado; este es un tema propio de ProNicaragua, del Ministerio de Fomento Industria y Comercio, del Cosep y de las entidades dirigidas para esto. En todo caso debería de haber una sumatoria de Telcor a las entidades que implementan y ejecutan efectivamente esa estrategia.
Pero lo más grave es que el anteproyecto vuelve a retomar el tema del control estatal al definir y desarrollar el término de punto de intercambio de tráfico nacional, el cual, además de tener un costo, implica técnicamente que todas las redes de los Operadores Privados están obligadas a conectarse y permitir la conexión de y a sus redes a otros operadores. Lo que se conjuga con el control que el Estado tendría sobre estaciones de infraestructura primaria, creando una dependencia técnica para los Operadores Privados que no podrán desarrollar sus propios proyectos.
El alcance normativo proyectado le otorgaría a Telcor el derecho de acceder a información confidencial de las instituciones del Estado y las empresas privadas del país. Lo que más atesoramos en las empresas es nuestra información que es privada y no hay posibilidad de discusión por parte de Cosep en que se pueda otorgar este acceso. La confidencialidad sobre la información de las empresas y las personas es innegociable.
Desde Cosep continuaremos defendiendo el modelo de las libertades, razón por la cual este anteproyecto como tal es inaceptable. En este sentido nuestro compromiso y accionar seguirán siendo en pro del libre ejercicio de las actividades económicas y del libre uso del internet promoviendo así una política pro inversión y no todo lo contrario.
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