La propuesta de Ley de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha no deja de generar controversia, pese a que aún no ha sido introducida ante la Asamblea Nacional.
La pretensión de controlar el internet, a través de la creación de una empresa estatal de banda ancha, propuesta de esta legislación, ya es considerada como la idea de una superempresa estatal de internet, como la llama el especialista en planificación educativa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Guillermo Medrano. Pero también es señalada de ser violatoria al compromiso internacionales como el Cafta (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos), asegura el diputado de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), Carlos Langrand.
El diputado Langrand mencionó que los artículos 13 y 14 del Cafta demandan la transparencia, la libre competencia y leyes claras en el capítulo sobre Telecomunicaciones.
Cada parte (país) garantizará que las personas interesadas reciban la notificación pública adecuada por adelantado y la oportunidad de comentar cualquier reglamento que su organismo regulatorio de telecomunicaciones proponga.
SIN LLEGAR A LA ASAMBLEA
Sin embargo, la existencia de la propuesta de Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha se conoció porque fue presentada a las empresas que ofrecen el servicio de internet, no porque el Gobierno la haya divulgado pues ni siquiera ha sido enviada a la Asamblea Nacional, el órgano donde se debe discutir y aprobar.
El artículo 17 de la propuesta de ley establece la creación del Punto de Intercambio de Tráfico nacional y público de Nicaragua, bajo la operación de la Empresa Estatal de la Red de Banda Ancha. Según los diputados de la Alianza PLI, este es el principal artículo que contiene la intención gubernamental de controlar el acceso a internet.
Pero el diputado Langrand está seguro de que la pretensión gubernamental va más allá, considerando que su verdadero objetivo es el económico.
Con esta propuesta de internet, allí hay un gran negocio, que si le metés el grueso de las comunicaciones allí hay un negocio de aproximadamente 500 millones de dólares, aseguró el diputado Langrand, mencionando la costumbre del gobierno de Daniel Ortega de hacer negocios con los servicios públicos.
ARTÍCULO 16: INTERÉS NACIONAL
El artículo 16 de la propuesta de Ley refiere que los operadores de banda ancha deberán integrarse con la Red Nacional de Banda Ancha, cuando así lo disponga la Autoridad Reguladora y en los casos de desastres naturales, por causa de utilidad pública o interés nacional.
En ese sentido, Guillermo Medrano cree que pasará igual como lo que pasa con las empresas proveedoras de cable en televisión, que cuando habla el señor (Daniel) Ortega, ejemplo el 19 de julio, los canales de televisión (por cable) salen del aire y obligan a todos los usuarios o a mirar la abusiva cadena de televisión o apagar el televisor.
Lo mismo sucedería con el tema de internet, cuando el Gobierno haga sus cansados y abusivos actos políticos en donde se tienen que enlazar los medios de comunicación, entonces las empresas proveedoras de internet tendrían que dejar sin señal a todos los usuarios, para que la gente escuche los mensajes oficiales, expresó Medrano.
También opinó que otro objetivo es coartar la libertad de expresión a través de las redes sociales.
Muchas veces la gente se informa de lo que pasa, como por ejemplo los abusos que realizan muchas autoridades; como el caso de (empresarios) Milton Arcia, que a través de Facebook fue que la gente se enteró de lo que sucedía en la Isla de Ometepe, y otros casos más, manifestó Medrano.
PROMOCIÓN DEL INTERNET
El diputado de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli), Carlos Langrand, expresó que Nicaragua tiene un déficit de interconectividad con las escuelas y en ese sentido considera que el Gobierno debería estar preocupado por promover el uso de internet en la educación primaria y secundaria.
El especialista en planificación educativa Guillermo Medrano considera que lo peligroso es que el ejecutivo “tiene rato de querer controlar el acceso a internet y parece que no desiste de esa voluntad hasta conseguirlo”.
“Cualquier control estatal hacia la libertad de expresión es una flagrante violación a los derechos humanos”.
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