El borrador del proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Telecomunicaciones y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha, tiene como fin controlar la difusión de la información y no tanto con lo que trafique en las redes, afirmó el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Norwin Solano.
La intención, dice el defensor de derechos humanos, es evitar que la gente tenga la opción, la libertad de escoger o decidir si mira o no mira el discurso oficial o las notas aprobadas por la Dirección de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la República (…),que básicamente es el derecho a la libertad de expresión e información. Y considera que este proyecto no está alejado de la concentración de los medios de comunicación, por parte del Gobierno.
De tal manera que si hoy en día tenemos la libertad de buscar un canal de televisión online y con un mega de banda ancha, podés bajar una serie de televisión y mientras el presidente (inconstitucional) de la República ofrece su discurso (…), esa parte ya no la (vas a) poder hacer, porque lo que tratan es unificar el punto de banda ancha, señaló Solano.
El abogado del Cenidh visualiza que lo que va a suceder es que ese punto de banda ancha se desactivará, en el momento justo del discurso oficial y la población no podrá tener una alternativa diferente.
UN RIESGO LATENTE
El abogado, máster en Protección de Derechos Humanos y docente universitario, Ramón Eugenio Rodríguez, observa que el borrador de la Ley conlleva un riesgo latente para la población, sobre todo por lo dispuesto en el artículo 12, del mismo.
El mencionado artículo establece que los poderes del Estado, entidades públicas, las municipalidades y los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe, así como las entidades privadas y mixtas del sector de Telecomunicaciones, están obligados a proporcionar a Telcor la información y documentación relacionadas a los servicios de telecomunicaciones que este les requiera.
Esto le lleva a Rodríguez a preguntar: ¿Los requerimientos que haga Telcor amparado en esta Ley, serán sobre los datos personales de los usuarios? (y) el uso que estos hagan de la internet a través del acceso a las redes sociales, motores de búsqueda, correos electrónicos, etc (…), ¿con qué fines? y ¿cuáles consecuencias podrían tener para los usuarios?, señala Rodríguez.
Otra pregunta que hace el docente universitario es: ¿Las empresas que prestan el servicio de internet darán a conocer algunos aspectos de los pedidos de información sobre los usuarios que reciben por parte del Estado, como aconsejó el anterior Relator Especial de la ONU, sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.
NO HAY GARANTÍAS
En un reciente comunicado, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Nicaragua, cuestiona que la discusión se ha centrado en las implicaciones comerciales que tendría esa Ley, pero se ha omitido la revisión del derecho de la ciudadanía, desde la perspectiva de la libertad de expresión. Y señala que en la propuesta de Ley no encuentran ninguna garantía a favor de la libertad de expresión y de la comunicación como derechos humanos.
Las pretensiones regulatorias no pueden ni deben afectar el derecho de las personas de acceder a los contenidos disponibles en las redes sociales y el internet, salvo aquellos casos que representan un riesgo para la protección de otros derechos, dice AMARC en su comunicado.
Ramón Eugenio Rodríguez, abogado, máster en Protección de Derechos Humanos, recordó que la Convención Americana protege el derecho a la privacidad, al señalar en el artículo 11.2 que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia. Igualmente dijo que el artículo 13.3 de la misma Convención ordena: No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. En la propuesta de Ley debería quedar claramente establecida la protección de la libertad de expresión, dice AMARC.
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