En Panamá se celebró el 3 de mayo pasado el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Llamada de atención mundial por la cada vez más exigua libertad de este inalienable derecho humano como es el de estar informado plenamente. Como lo dijo el uruguayo Edison Lanza, el nuevo relator de la CIDH: Estamos retrocediendo en varios países. Por ningún lado se menciona a Panamá, país que pretende con un connacional ejercer la Presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La principal guía del quehacer diario de la SIP es la Declaración de Chapultepec, firmada en México el 11 de marzo de 1994. Su principal redactor lo fue Eduardo Ulibarri, por 19 años director del prestigioso diario La Nación de Costa Rica.
El pilar de la SIP lo es Comisión de Libertad de Prensa e Información la cual Ulibarri presidió por varios años. Dicha comisión monitorea de manera continua todas las violaciones a la libertad de prensa en el Hemisferio Occidental y pasa revista a dichas violaciones en sus informes semestrales. El último se dio en Panamá, en donde, para variar, hubo informe muy negativo para Venezuela en donde, por la persecución a periodistas y la escasez de papel, controlado por el gobierno, los diarios van desapareciendo rápidamente.
Entre los principios de esta sagrada Declaración es que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa”. Que “toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente, sin que nadie pueda restringir o negar estos derechos”. Que “el poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna o equitativa la información generada por el sector público garantiza la libertad de información”. Que “la creación de obstáculos no debe existir para el libre flujo de información”.
En Panamá hay una empresa mixta telefónica: Cable & Wireless Panamá, SA de la cual el 49 por ciento pertenece a la transnacional inglesa Cable & Wireless, 2 por ciento a sus trabajadores y el restante 49 por ciento al Estado, o sea a todos los panameños. Por su carácter público, es deber del Estado, según reza la Declaración de Chapultepec, proveer a la ciudadanía de información de lo que hace esta empresa y no, como ha hecho hasta ahora, solo decirnos cuánto de dividendos se le antoja a los británicos reportarnos cada año. Es deber, a su vez de los medios, divulgar todo lo que se sepa de esta empresa, sea bueno o sea malo, sin consideración a la fuente de ingresos que represente la excesiva cantidad de anuncios que reciban de esta para su divulgación.
Ni una cosa ni otra han sido hechas. Panamá, desde que se privatizó el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (1996) y fue cedido en 49 por ciento a Cable & Wireless, ha estado presente en la Junta Directiva de la transnacional. En ninguna oportunidad han dicho ni pío de lo que pasa adentro de la empresa. Hoy nos “representan” recibiendo dietas de US$5,000 al mes, más viáticos cuando las reuniones son en Londres, el ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha y el presidente de la Caja de Ahorros, Álvaro Tomas. A pesar de ser una empresa pública, la Contraloría General de la República nunca ha ejercido control alguno sobre sus operaciones.
El 23 de enero pasado presenté formal denuncia ante el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) para que investigara graves situaciones dadas a lo interno de dicha empresa, algunas vinculadas al expresidente Ricardo Martinelli, como el no pagar empresa de sus hijos el impuesto al consumo en venta de tarjetas celulares prepago, como el recibir regalos impropios de la telefónica como costosos vinos y sabrá Dios qué otra cosa más, como el beneficiar a empresas de familiares de multimillonarios contratos otorgados a Cable & Wireless sin que mediara licitación alguna. Denuncias presentadas que se corroboran con la destitución de quien dirigía la empresa hasta el 31 de diciembre pasado, Jorge Nicolau.
De allí a más, absolutamente nada. El MEF, a más de tres meses de la denuncia, nada ha hecho. Los medios de comunicación han guardado silencio con excepción de uno (TVN2) que me permitió divulgar la noticia sin advertir que se trataba de Cable & Wireless. Los demás, silencio absoluto. El poder de anunciante que tiene la telefónica es tan grande que nadie quiere exponerse a que no pauten en sus espacios. Esto debe ser igual a otros países en el Continente en donde los propietarios de sus medios deben ser “prestigiosos” directivos de la SIP.
A diario vemos los actos de corrupción que se conocen de transnacionales en el exterior para obtener multimillonarios contratos. Brasil es el último ejemplo, cuando se divulga que se investiga al expresidente Lula da Silva, precisamente por eso, no solo en su país sino en otros como Venezuela y Colombia.
Así como sostengo que en Panamá no hay libertad de prensa y de información, igual podría decirse de muchos otros países, calificados por la “augusta” SIP con supuesta plena libertad, que sucumben al poder de las transnacionales que a su alrededor crean un peligroso cerco informativo para impedir que sus “travesuras” comerciales sean conocidas por quienes debemos estar informados. Peor aún, con la complicidad del Estado. ©FIRMAS PRESS
(Artículo publicado en El País-España el 7 de mayo de 2015).
El autor es Embajador de Panamá ante OEA (Jul2009-En2013)
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