La comunicación informática, incluyendo internet, es el nuevo gran escenario de la perenne lucha entre los enemigos y los defensores de la libertad.
Esta es una batalla épica que se libra en todo el mundo. A un lado están quienes sostienen que la información es un bien público más, como el agua potable y la luz eléctrica, y por lo tanto debe ser controlada o regulada por el Estado. Enfrente están quienes valoran la información en todas sus formas, incluyendo internet, como un derecho humano fundamental y universal. Y defienden que todas las personas deben acceder libremente a internet, que en todo caso debe ser gestionado por particulares y no por el Estado, el cual solo debe ocuparse de sus regulaciones específicamente técnicas.
A pesar de que el uso comercial de internet es de reciente data, apenas desde 1993, en los países dominados por regímenes autoritarios ha sido controlado por el Estado prácticamente desde el comienzo, usando para ello los mismos criterios y mecanismos de censura que se han aplicado a la comunicación tradicional por medio de la prensa escrita, la radio y la televisión.
En el año 2010, el extinto dictador venezolano Hugo Chávez planteó que la comunicación por internet debía ser controlada por los gobiernos. “Internet no puede ser una cosa libre donde se haga y diga lo que sea, cada país tiene que poner sus reglas”, expresó en aquel momento el absolutista presidente venezolano, creador del bloque de países del Alba y líder de los gobernantes autoritarios de América Latina y el Caribe.
Dos años después, en 2012, el programa académico estadounidense y canadiense Open Net Initiative, investigó la situación de internet en 72 países de distintas regiones del mundo. Su hallazgo principal fue que en 42 de los países investigados —o sea más de la mitad— los gobiernos estaban filtrando y censurando los contenidos de internet. Eso sin incluir Estados donde la libertad de comunicación no existe en absoluto, como los de Corea del Norte y Cuba. Ese mismo año, el organismo independiente estadounidense Freedon House informó que en 19 países ya se habían promulgado leyes nuevas, para controlar y restringir la libertad de expresión en internet.
En Nicaragua Daniel Ortega quiso imponer el control estatal de internet en 2013, incluso con rango constitucional, mediante la contrarreforma de la Constitución que fue promulgada en enero de 2014. Sin embargo, la resistencia de las fuerzas democráticas y en particular del sector empresarial —el único al que Ortega reconoce como interlocutor—, impidió que en aquella ocasión se consumara el propósito de poner los sistemas informáticos e internet bajo el control del Estado.
Pero Ortega no cesa en ese empeño. Ahora pretende lograr su propósito por medio de una ley de segundo orden promovida por Telcor, que atenta contra el clima de negocios, la libertad de empresa y la libre competencia; pero sobre todo atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos, cuyo acceso a internet y participación en las redes sociales sería espiado y controlado por el Estado orteguista.
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