El presidente del Banco de Guatemala (central), Julio Roberto Suárez, y el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, fueron detenidos por su supuesta implicación en un fraude contra el Seguro Social, informó el Ministerio Público (MP).
Suárez, quien además es el primer vicepresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es uno de los solicitados por el caso, que investigan la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Rodríguez, quien representa al Ejecutivo en el Seguro Social, fue arrestado en una clínica médica del sur de la capital, de acuerdo con el Ministerio Público.
El portavoz de la CICIG, Diego Álvarez, dijo a Acan-Efe que se pidió la detención de los miembros de la Junta Directiva, de Licitación y Adjudicación del IGSS por anomalías en un contrato otorgado a una empresa para prestar servicio de diálisis.
Los miembros de la Junta Directiva del Seguro Social son acusados del delito de fraude.
Según el último dato de la CICIG, hasta ahora han sido detenidas 16 personas.
Entre los aprehendidos este miércoles está Otto Molina Stalling, quien fue subgerente financiero del Seguro Social en el 2014, acusado de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cobro ilegal de comisiones, de acuerdo a la información oficial.
Molina Stalling es hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, sindicada de estar implicada en un caso de fraude aduanero destapado en el oficina recaudadora de impuestos, que costó el cargo de vicepresidenta de Guatemala a Roxana Baldetti el pasado día 8 de mayo.
Las detenciones de los directivos y altos gerentes del Seguro Social están relacionadas con las anomalías detectadas en un contrato otorgado a una farmacéutica para prestar servicios de diálisis a pacientes renales del organismo público de salud.
El 20 de diciembre de 2014 el Seguro Social adjudicó a la empresa farmacéutica Pisa un contrato por más de 116 millones de quetzales (15,18 millones de dólares) para proporcionar diálisis a pacientes con enfermedades renales.
La empresa Pisa, a su vez, subcontrató a un sanatorio privado porque no tenía capacidad para atender a más de 500 pacientes de diálisis, que según denunció en febrero pasado la organización Acción Ciudadana, reciben un servicio deficientes.
Las autoridades tienen previsto dar una rueda de prensa en las próximas horas para dar detalles del caso.
Las detenciones de este miércoles se registraron en momentos en que una nueva manifestación de calle en la capital guatemalteca, esta vez de indígenas y campesinos, en rechazo a la corrupción y para exigir la renuncia del presidente del país, Otto Pérez Molina.
