Ha pasado un año desde que, el 21 de mayo de 2014, los obispos le entregaron a Daniel Ortega, en sus propias manos, una carta con reflexiones y propuestas de soluciones a los principales problemas de la nación; confiando los prelados, en que su “humilde aporte” fuese acogido “con buena voluntad”.
La situación de la familia; la problemática social; los derechos humanos; problemas de la Costa Caribe; la evangelización y algunas políticas del Gobierno; y, finalmente, la crisis de la institucionalidad nacional, fueron los seis grandes temas planteados por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su carta titulada “En búsqueda de nuevos horizontes para una Nicaragua mejor”.
De hecho se trata de una propuesta general de la Iglesia católica para la reconstrucción social, institucional, política y moral de Nicaragua, con demandas puntuales entre las que, sin ser exhaustivos, resumimos las siguientes:
Que los gabinetes de la familia creados y controlados por el Gobierno no se inmiscuyan en la vida privada familiar; que cese el adoctrinamiento político en las escuelas, institutos y universidades; que se respeten los derechos humanos en su integridad y se cierre la cárcel de El Chipote, símbolo de la violación de los derechos humanos; que no haya más abusos policiales contra las protestas pacíficas de los ciudadanos; que cese la destrucción de los recursos naturales; irrestricta libertad de expresión; respeto a la ley de acceso a la información; transparencia gubernamental; y claridad en el proyecto del Gran Canal.
También demandan los obispos que no se manipulen los símbolos religiosos ni se difundan políticas estatales sincretistas; que se deje de ofrecer dádivas a agentes pastorales para comprar sus conciencias; que no se obligue a los empleados públicos a participar en actividades políticas oficialistas; que se reconstruya la institucionalidad democrática; que convoque el Gobierno a un gran diálogo nacional para consensuar un nuevo pacto social; y que se reforme el sistema electoral para que las próximas elecciones sean absolutamente transparentes y honestas.
Pero Daniel Ortega no respondió a la carta de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Los obispos han dicho que no es a la Iglesia que debe responder Ortega, sino al pueblo. Pero fueron ellos los que entregaron la carta a Ortega y por lo consiguiente a ellos mismos les debe responder, aunque solo sea por cortesía política y personal.
La sociedad civil que trabaja en la promoción de valores cívicos y la democracia, los partidos políticos democráticos, los medios de comunicación independientes y los sectores empresariales, hicieron propia la carta de los obispos y le dieron todo su respaldo. Pero es obvio que ha faltado una reacción más enérgica de los partidos políticos, que también han sido interpelados por los obispos para que sean más claros y dinámicos en la lucha por la restauración de las instituciones republicanas y de la vida democrática.
Nada se puede hacer sin la movilización de los ciudadanos. Todo seguirá igual mientras prevalezca “la incapacidad de los partidos políticos, por una parte, y la apatía del pueblo por otra, para afrontar con responsabilidad ciudadana los grandes problemas del país”, como lo advirtió monseñor Silvio Báez en sus declaraciones publicadas ayer mismo en este diario,
LA PRENSA.