Todo tiene su principio y su fin. Pero sí una cosa es segura: el centralismo y el totalitarismo terminará siempre acabando con cualquier vestigio de autonomía, porque ambos principios son opuestos y no pueden convivir juntos.
Todo ello se pinta con realismo y fantasía a la vez, en la famosa novela 1984 de George Orwell, donde idealiza el estado totalitario que vendría después, algo así como el de Joseph Stalin del Siglo XX o el del novel dictador del siglo XXI Kin Jong-un, capaz de fusilar a su ministro de Defensa con un cañón antiaéreo por quedarse dormido en un desfile militar.
Hablar de autonomía en un estado totalitario, ya sea municipal, regional, universitaria o de los poderes del Estado, es como hablar de la antítesis misma de su propia existencia, o sea, es algo subversivo.
No obstante, hay excepciones: fue el propio Luis Somoza el que en 1958 otorgó por ley la autonomía universitaria a la UNAN, lucha liderada valientemente por el doctor Mariano Fiallos Gil. Pero el tiempo demostró que estaba equivocado porque fue precisamente en las universidades donde se gestó el caldo de cultivo que puso fin de la dinastía de los Somozas, comprobándose la tesis que dictadura y autonomía son auto-excluyentes.
Fue durante los 16 años de los gobiernos democráticos que en Nicaragua se fortaleció la autonomía municipal, así como el balance e independencia de los poderes del Estado. Teníamos un poder electoral y una Asamblea Nacional y un poder judicial verdaderamente independientes del ejecutivo, no como apéndices, a como se han ido transformado gradualmente en los últimos siete años, hasta llegar a lo que son ahora.
Los alcaldes de entonces, fuesen opositores o progobierno, tenían verdadera autonomía y no podían ser destituidos por órdenes del ejecutivo, únicamente por medio del procedimiento que mandata la Ley 40, y fue en esos dorados tiempos de la autonomía municipal, un 3 de julio del 2003, que la Asamblea Nacional aprobó a Ley de Transferencias Municipales, por medio de la cual los municipios reciben ahora hasta un diez por ciento del presupuesto nacional para ejecutar proyectos locales.
Hoy en día, casi nada es autónomo y menos descentralizado, la voluntad de la pareja presidencial se siente en todos los ámbitos de la nación. Hablar de autonomía en las universidades, en las alcaldías, en los gobiernos regionales o en la misma Asamblea Nacional, ya no digamos en el Poder Electoral, es una ironía.
En noviembre del año pasado, el profesor, doctor Salvador Montenegro Guillén fue removido de su cargo como fundador y director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, únicamente porque se atrevió a valorar el impacto ambiental que tendría el dragado del canal sobre las aguas del Lago Cocibolca y sugirió que el Canal no pase por el lago, una tesis compartida también por el doctor Jaime Incer Barquero.
En un acto de intolerancia extrema, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNAN-León canceló el nombramiento del eminente catedrático constitucionalista Gabriel Álvarez con 32 años de docencia, privando así a cientos de jóvenes universitarios de recibir su diaria cátedra, únicamente porque ha criticado abiertamente las violaciones constitucionales del orteguismo y es una referencia obligatoria para los medios independientes en temas jurídicos.
La Ley 840, del llamado Gran Canal Interoceánico, acabó de un plumazo con la pregonada autonomía de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, por cuyo territorio pasará la zanja, que de ser construida dividirá al país en dos tantos. ¿Se les consultó a los costeños?
El temor al centralismo absoluto ha llevado al Gobierno a un proceso de inanición, es decir: nadie toma iniciativas ni decide nada sin el visto bueno ya sea de Ortega o de Murillo, por temor a ser despedido. Por lo tanto, las cosas tienden a ser muy burocráticas y el proceso de consulta centralizada va en detrimento de la eficiencia, dinamismo y competividad del sector privado.
El colmo es que cuando no se consultan bien las cosas, aun dentro de poderes afines al ejecutivo, vienen después los vetos extemporáneos que dejan en ridículo a la Asamblea Nacional, particularmente a la bancada oficialista, como es el reciente veto, con tres meses de retardo, del Buró de Convenciones.
El fin de las autonomías ha llegado.
El autor es diputado, miembro de la Bancada de la Alianza PLI
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
