El asesor presidencial para Asuntos Económicos, Bayardo Arce, dijo esta semana que la Ley de Promoción de Banda Ancha sería aprobaba luego de alcanzar un consenso.
Es más, el señor Arce matizó su afirmación diciendo: “Creo que este es el único país donde un gobierno antes de enviar una ley y ocupar su mayoría para pasarla, se la entrega a los interesados (para) discutirla y (eso) es malo”.
Como siempre, el señor Arce con un juego de palabras trata de presentar algo que es negativo como positivo.
No estoy diciendo que no es necesario promover la llamada Banda Ancha, en realidad, los entendidos dicen que su promoción es hoy fundamental para el desarrollo de los países, pero lo que habría que ver es qué se promueve detrás de un bonito título como el que tiene ese proyecto de ley y aún antes de eso, habría que ver qué entiende este gobierno por “consenso”.
Hasta ahora el consenso lo entienden solamente con el gremio empresarial. Y lo que indica que por ese camino van es precisamente lo que dice Arce, que han entregado la propuesta de ley “a los interesados”. Y quienes son esos “interesados”, pues hasta el momento solo las empresas de internet o empresas relacionadas con este giro.
Pero es allí donde Arce maquiavélicamente enreda las cosas. La ley, que tiene muchas cosas técnicas en las que no entraré, tiene dos grandes esferas, el de las operaciones de las empresas de internet y el de la información que viaja a través del internet, que es propiedad de los ciudadanos, y que afecta la privacidad de sus comunicaciones e informaciones.
Para ejemplo está el artículo 17, que dice: “Crease mediante la presente Ley, el Punto de Intercambio de Tráfico nacional y público de Nicaragua, bajo la operación de la Empresa Estatal de la Red de Banda Ancha. Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos entre todos los operadores en proporciones iguales”.
Este artículo atañe a dos grupos diferentes de “interesados”. La creación de la Empresa Estatal de la Red de Banda Ancha puede ser un punto de preocupación de las empresas de internet, pues puede representar competencia desleal para los privados que han invertido millones de dólares en sus empresas, sobre todo las más grades. Pero también menciona “el punto de intercambio nacional y público” al que en el artículo 18 es obligación de las prestadores del servicio conectarse.
Este segundo punto pone en manos del Estado toda la información que por internet manejen los nicaragüenses. Esa no es una preocupación comercial, es una preocupación de los derechos individuales de los nicaragüenses.
Si revisamos los “consensos” que este gobierno ha alcanzado con “los interesados” nos encontramos, por ejemplo, con la tristemente famosa Ley de Escáneres en Aduanas. Esa ley también tenía dos componentes, uno económico, que eran las altas tarifas que establecía a los importadores y otro de transparencia, ya que entregó un negocio de millones de dólares a una empresa que nunca nadie supo de quién es.
En ese “consenso” alcanzado la tarifa bajó, pero la falta de transparencia se mantuvo; sin embargo, los gremios empresariales se dieron por satisfechos.
Es por eso que la democracia republicana que tanto aborrece el señor Arce y su jefe, el presidente inconstitucional, no llama a que las leyes el ejecutivo las consulte con quienes a ellos se les ocurra.
En una democracia republicana el ejecutivo —uno de varios componentes de la sociedad que tienen iniciativa de ley— debe enviar sus iniciativas a una Asamblea o Congreso Nacional donde los diputados —electos por los ciudadanos mediante el voto— están obligados a estudiar las propuestas, consultarlas ampliamente y dictaminarlas, haciendo los cambios que los diputados consideren necesarios después de que se realicen las consultas. Hay que recordar que en una democracia republicana los diputados deben obediencia a sus votantes antes que al partido.
Pero acá el ejecutivo hace sus consultas con quien le da la gana —la tónica ha sido que únicamente con los gremios empresariales— y deja por fuera la consulta a organismos y organizaciones que defienden los derechos de las personas.
Lo que podemos adelantar del “modelo de consenso” que vivimos es que la propuesta será modificada en algunos o tal vez todos los puntos que son percibidos como amenazas para las empresas, pero el tema de fondo, el control de la información de los nicaragüenses, se mantendrá en la ley para ser aprobada en el momento en que el régimen considere conveniente.
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