El informe de Ronald Bolaños, exmiembro del comité ejecutivo de la Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut), sobre las anomalías que percibió durante la gestión del entonces presidente de la organización, Julio Rocha López, cuestionaba la falta de transparencia en la utilización de los fondos, falta de transparencia sobre la firma de contratos de patrocinios y donaciones, más préstamos personales salidos de las cuentas de esta institución.
De acuerdo con la información recopilada por Bolaños, en los informes anuales de la organización, a los que tuvo acceso entre 1995 y 2001, existen ingresos a la Fenifut sobre contratos televisivos de los que nunca se rindió cuentas al comité ejecutivo de la Fenifut.
Por todos esos señalamientos, Bolaños solicitó al mismo Joseph Blatter —reelecto ayer para su quinto período en la FIFA— que Rocha fuera investigado. Mauricio Caballero en el 2004 y Rolando López Sanders en el 2002, se encargaron del caso y “no encontraron ninguna prueba contundente” en contra del expresidente de Fenifut, quien fue detenido —junto con seis funcionarios más— por sospecha de corrupción, el miércoles en Zúrich, Suiza.
LOS PATROCINIOS
Según Bolaños, en el 2001 conoció que la Fenifut tenía un acuerdo de un millón de dólares con Joma por el suministro de materiales deportivos, pero tuvo acceso a un cheque que se cobraba del fondo FIFA, para la compra de uniformes. “Decían que Joma era impuntual en el cumplimiento del acuerdo y que por eso tenían que comprarse los uniformes”, explica el exdirigente.
Durante el período de Rocha, Bolaños registró la firma de más de siete acuerdos de patrocinio, sin embargo, los detalles le fueron ocultados al ejecutivo de la Fenifut.
“Supe que Interforever Sport —empresa que compraba los derechos de televisión de la Selección— daba cinco mil dólares anuales, pero en informes vi otras cantidades”, dice Bolaños, quien desconoce cuánto tiempo la Fenifut le vendió los derechos televisivos a esta empresa.
“Él (Rocha) para poder firmar esos convenios debía pedir la autorización del comité ejecutivo de Fenifut y no tengo información que alguna vez lo haya hecho. Tampoco se conocía el contenido y cláusulas de los contratos de patrocinio, duración y renovación y compromisos entre ambas partes”, apunta Bolaños.
De los informes anuales de Fenifut entre 1995 y 2001, Bolaños contabiliza tres pagos por derechos televisivos, pero con cantidades diferentes, siendo el más bajo uno de 78,000 córdobas. Existe el registro de un ingreso de 57,327 córdobas con 50 centavos a la Fenifut, pero no se especificaba bajo qué concepto.
El actual funcionario de la Alcaldía de Masaya tiene documentos sobre préstamos personales por 32,000 y 9,000 córdobas, salidos de las arcas de Fenifut. “No sabíamos a quién le prestaban, ni con qué intereses. Desconozco si esta persona llegó a pagar, porque salí de la Federación”, agrega.
SE DEBE ESPERAR
Respecto a la situación legal de Rocha en Suiza, la abogada y docente Asunción Moreno, dejó entrever que es muy prematuro aventurarse a hablar de que Nicaragua pueda solicitar o no la extradición del exdirigente, y no porque jurídicamente sea imposible, sino porque el proceso de investigación por parte de la Fiscalía estadounidense está abierto.
“Apenas está iniciando el caso, no está armado totalmente para que el Estado diga ‘me comprometo a esta situación’, tiene que esperar la situación judicial que enfrenta (Rocha)”, dijo Moreno, quien comentó que en este caso hay que tomar en cuenta también al país que está persiguiéndolo y si Suiza abrirá o no una causa.
Moreno recordó que aunque en el campo jurídico internacional existe lo que se conoce como extradición activa, así como acuerdos con Estados Unidos, en caso que Rocha sea extraditado por Suiza a ese país, aún falta por conocer los resultados de las nuevas investigaciones de la Fiscalía estadounidense.
Asimismo explicó que la extradición activa es cuando un Estado pide a sus ciudadanos al país en cuyo territorio han cometido delito y se compromete a procesarlo en el territorio nacional. La experta consideró jurídicamente viable esta posibilidad, pero aclaró que es bastante difícil, por las dimensiones del caso que tiene visos de crimen organizado.
“No es automática (la extradición activa) (…), tiene que esperar una fase, conocer los cargos y ver si las dos legislaciones tienen los mismos delitos. Hay una serie de requisitos, como si se tienen las mismas garantías en los dos países, y todo esto, en el caso de Nicaragua se hace vía administrativa (cancillería) y vía judicial, entraría la Fiscalía pero hasta llegar a eso”, explicó Moreno.
Hasta ahora se desconoce si la Fiscalía de Nicaragua ha contemplado algún proceso investigativo en el país, pues no ha respondido a interrogantes de LA PRENSA.
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