Si los gobiernos que han estado al frente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) explicaran dónde está el dinero que aportaron durante su vida laboral los más de 32,000 adultos mayores que hoy reciben pensión reducida, las deterioradas finanzas del Seguro Social mejorarían, coincidieron ayer expertos, quienes recordaron que a finales de los ochenta el Seguro Social prácticamente fue entregado en quiebra.
Jorge Toledo, especialista en temas de Seguridad Social, recordó que “ha habido un mal manejo de parte de todos los gobernantes, en la única época en que no se robó fue en las dos primeras presidencias de la institución”.
Para Toledo, los gobernantes del país —desde el fallecido Anastasio Somoza hasta el inconstitucional Daniel Ortega— son los únicos que saben dónde están esos recursos que aportaron al Seguro Social y son los llamados a dar esa explicación.
Desde agosto del 2013 el INSS comenzó a pagar la pensión reducida, lo que le ha costado a los contribuyentes 774.39 millones de córdobas, cifra que se elevará a más de 1,500 millones de córdobas si se incorporan los más de 885 millones que se requerirían este año para cubrir esa obligación.
El Gobierno ordenó a través de un decreto la semana pasada elevar hasta en un setenta por ciento la pensión reducida, lo que implicará para el Seguro Social un desembolso adicional mensual de 25 millones de córdobas.
El diputado de la Bancada Alianza Partido Liberal Independiente (Bapli), Carlos Langrand, coincide con Toledo y recuerda que al término de su primer mandato, al inicio de los años noventa, “Ortega entregó el INSS quebrado”.
El jefe de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, culpó la semana pasada a los “gobiernos neoliberales” de los desequilibrios financieros del Seguro Social.
En 2013, Roberto López, presidente ejecutivo del INSS, culpó al asesinado dictador Somoza Debayle de haberse robado las reservas del INSS y no dejar dinero para responder a la demanda de los adultos mayores que pedían una pensión reducida. Pero según un artículo de opinión publicado en LA PRENSA, los días 23 y 24 de mayo de 1992, por el presidente del INSS durante los años noventa, Simeón Rizo Castellón, tras la caída de la dictadura de Somoza, el estado financiero del INSS indicaba que este iba a “expirar” en treinta años, pero el FSLN aceleró la agonía y acortó ese período a diez años.
En el mismo texto explicaba que la devaluación monetaria aplicada por el FSLN “descapitalizó automáticamente al Seguro Social y obligó a las famosas 34 revalorizaciones de pensiones, que en el mejor de los casos fue una mínima compensación de la inflación”.
El INSS no se salvó de “La Piñata” porque, a través de las Leyes 85 y 86, los bienes le fueron comprados de forma “fraudulenta, con contratos simulados, alquileres ficticios”.
Las finanzas del Seguro Social, desde que salió Somoza hace 36 años, han estado en manos de la actual administración casi dos décadas: diez años durante los ochenta y casi nueve años de 2007 a la fecha.
OTRA CARGA
Una de las pesadas cargas que recae sobre las finanzas del INSS son las pensiones de víctimas de guerra, que según el anuario estadístico 2014, al término del año pasado se entregaba a 32,296 personas, lo que implicó un desembolso por 833.3 millones de córdobas.
“El Estado debe hacer una consulta seria en la que participen todos los sectores para garantizar que no habrán problemas (en las finanzas) del INSS. También deben seguir esforzándose por reducir los gastos operativos y por transparentar las inversiones de la institución”, asegura Langrand. El diputado liberal reconoce que el pago de la pensión reducida es una obligación del INSS y por tanto se debe buscar una salida que no presione las finanzas del Seguro.
Toledo confía en que el incremento de la pensión reducida no impacte en las finanzas de la institución, ya que no está convencido de que estén en riesgo, sino que “hay trucos en la contabilidad del INSS que permiten hacer operaciones que están fuera del control de la institución”.
La empresa privada propuso esta semana que el costo que implicará el incremento en la pensión reducida salga del ahorro energético, al recordar que existe un fondo social que se originó con ese recurso.
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