El misterio sigue rodeando el asesinato de una familia nicaragüense de cuatro miembros, incluido dos niños, descubierto el fin de semana en una zona cafetalera del sur de Costa Rica; al reconocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que aún no tiene el móvil de la matanza por tratarse de una investigación compleja.
El director del OIJ, Francisco Segura, explicó que aún se están “hilando” la información recabada el fin de semana sobre este cuádruple crimen, ocurrido aparentemente entre la noche del miércoles y la mañana del jueves de la semana pasada, en el sector de Camino del Congo de Copey, de Santa María de Dota, al sureste de San José.
“Yo no diría que estamos empezando la investigación. Ya la policía (judicial) se ha encargado de procesar los sitios del suceso y eso ya nos da mucho, la morgue nos va dar cualquier cantidad de información, ya vamos conociendo a esa familia y eso nos da más información todavía”, declaró Francisco Segura.
“Unidos estos elementos van dándole forma a esa investigación, es una investigación sumamente compleja, sitios de sucesos mixtos abiertos y cerrados que complican más la investigación y la policía tiene que meterse a fondo para tratar de resolver estos homicidios”, añadió.
El OIJ también analizará las últimas llamadas recibidas en dos teléfonos celulares propiedad de la familia, en una complejidad de suceso que le ha demandado reforzar el personal de investigación en la montaña donde ocurrió.
Las llamadas ayudarían a determinar el lugar donde estaban las víctimas. Un celular estaba en poder de un habitante de la comunidad, aparentemente vendido por una tercera persona.
Los cuatro asesinados por más de dos personas con puñal y machete, según la presunción que ahora maneja el OIJ, fueron Elena María Suárez Miranda, de 9 años; su hermano Abraham Moisés, de 11 años; y los padres de ambos, María Haydée Miranda Salmerón, de 32 años; y Ramón Suárez Espinoza, de 50.
El OIJ ha descartado una primera versión considerada distorsionadora, comentada por los vecinos la tarde y noche del viernes cuando se halló el cadáver de la niña dentro de su casa, de que los padres y el niño habían abandonado la humilde vivienda ubicada en un sitio montañoso.
“Inicialmente hay una versión que desvía la atención de la policía, que fue la salida de ellos de la zona un día antes, pero eso se descartó. En los diferentes sitios hicimos las inspecciones. No se ha encontrado evidencia importante en los sitios afuera, en la casa sí y podrían ser útiles”, indicó.
Al no tener una hipótesis clara, Segura califica de rumores las versiones de que el móvil pudo ser la venganza de un norteamericano al que Suárez Espinoza le habría robado un dinero, o que sería el hijo del dueño de la finca donde la familia vivía quien ordenó asesinarlos. Pero tampoco las descarta.
“Hemos revisado algunas informaciones que no nos llevarían a esta situación (la venganza), pero no la podemos descartar”, explicó.
“El señor (Suárez Espinoza) estuvo reseñado por delitos sexuales, pero no podemos relacionarlo directamente con el caso”, añadió Segura. “Pareciera que tienen que haber más de dos personas involucradas” en el los asesinatos, reiteró el jerarca.
La delegación del OIJ responsable de la investigación es la de Los Santos, sur del país, cuyos investigadores fueron reforzados con agentes de la oficina de Cartago, centro de Costa Rica.
“En todos los sitios encontramos indicios sobre todo en la casa. Eso nos dice mucho a la hora de tener sospechosos, nos permite hacer un tipo de descartes. Indicios serán importantes para el momento en que nosotros tengamos sospechosos”, insistió Segura.
Al reseñar que fueron más de dos personas los posibles hechores, el jerarca supone que la niña efectivamente fue asesinada dentro de la casa, donde fue encontrado su cuerpo el viernes, con una mordaza y herida mortal en el estómago.
Aduce que fue con saña la manera como la ultimaron y al haberlo hecho con arma blanca ayudaría a encontrar el perfil del delincuente que buscan.
“Eso dice mucho con respecto a las lesiones que presenta, la forma en la que estaba amordazada y amarrada nos puede dirigir al perfil de uno de los perpetradores, dos o tres. Los otros podrían tener un perfil un tanto diferente”, dice Segura.
Su hermanito fue asesinado a unos 100 metros de la casa y sus padres a unos 200, en el mismo lugar donde estaban sus cuerpos. “Para nosotros tuvo que haber sido en el sitio, no presumimos ni el sitio ni la investigación nos da para pensar que trasladaron los cuerpos, nuestra presunción que murieron en el sitio”, dijo Segura.
La sobrina de Suárez Espinoza, Paula Huete, recordó que su tío ya había tenido problemas en la comunidad, donde tenía casi dos décadas de vivir. En la finca donde fueron asesinados tenían 11 años de vivir.
Sin ampliar sobre el problema, Huete dio una versión que refuerza la versión de que un lío de tierras con el dueño de la finca, desembocó en la tragedia.
Huete recordó que su tío entró en depresión y hace tres años regresó con toda la familia a Nicaragua para evitar pleitos. Regresó hace dos años al mismo lugar, pero debieron levantar de nuevo el rancho porque el anterior se lo quemaron mientras vivieron en Nicaragua.
Aunque había encontrado un poco de estabilidad, con sus hijos en la escuela y él ganándose la vida recolectando café en temporadas o vendiendo ropa; antes de su muerte le manifestó el interés de regresar a Nicaragua sin antes quemar sus pertenencias; según Huete.
La sobrina de Suárez Espinoza indicó que él era originario de Presilla, en la Región Autónoma del Atlántico Sur de Nicaragua; y su pareja de Nueva Guinea.
Santa María de Dota sigue consternada por los asesinatos, al ser una comunidad donde ni robos ocurrían. Costa Rica también vuelve a lamentar la muerte de menores de edad en condiciones parecidas.
El Presidente Luis Guillermo Solís, ordenó a instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública y el Patronato Nacional de la Infancia, reforzar acciones para proteger la vida de niños.
“He solicitado a las autoridades, al ministerio de Seguridad Pública, al Patronato Nacional de la Infancia y a todas los entes que tiene como obligación tutelar los derechos de los niños que aumenten su vigilancia al máximo y que con toda rigurosidad persigan a quiénes están haciendo daño a los menores de edad”, dijo el presidente.
“Cualquier violación a los derechos humanos y cualquier acto de violencia a un ciudadano de este país debe ser a todas formas condenado y sancionado, más los que se cometen contra los niños que son los seres más desprotegidos junto a los ancianos”, añadió.