La segunda sesión del juicio contra el periodista del “The Washington Post” Jason Rezaian, acusado formalmente por Irán de espionaje y lanzar propaganda hostil contra la República Islámica, empezó hoy lunes en un Tribunal Revolucionario de Teherán.
Según informa la agencia oficial iraní IRNA, Rezaian compareció por segunda vez ante los jueces después de que el pasado día 26 de mayo se iniciaran los procedimientos judiciales tras más de diez meses desde la detención del corresponsal.
Al igual que durante la primera sesión, no hubo más información sobre el transcurso del juicio y se mantuvo el absoluto silencio informativo.
La abogada del periodista, Leila Ahsan, declaró a la agencia IRNA que la sesión se desarrolla a puerta cerrada y que no está autorizada a brindar detalles.
Rezaian fue detenido junto a su esposa, la corresponsal del diario emiratí “The National” Yeganeh Salehí, el pasado 22 de julio, el mismo día que fueron arrestados una fotógrafa que había trabajado para el Washington Post y su esposo.
Todos ellos tienen doble nacionalidad iraní y estadounidense (que Irán no reconoce) excepto Salehí, que está en trámites de la obtención del permiso de residencia y trabajo en Estados Unidos, país considerado enemigo por Irán y con el que no mantiene relaciones diplomáticas.
La fotógrafa y su esposo (que piden no ser identificados) fueron liberados semanas más tarde, mientras que Salehí fue puesta en libertad bajo fianza a principios del pasado octubre y no ha hecho declaraciones sobre su situación ni las condiciones de su detención.
La fiscalía de Teherán acusa a Rezaian de “espionaje” por haber recopilado información sobre temas de “política interna y exterior” iraní, y suministrarla a “personas indebidas”, así como “cooperar con Estados hostiles” y emitir propaganda contra la República Islámica”.
El último informe sobre Irán de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostiene que en Irán hay 65 periodistas y blogueros detenidos, la mayoría acusados de delitos como “atentar contra la seguridad nacional”, “hacer propaganda contra el Estado”, “difundir falsedades” o “perturbar el orden público”.