Miles de maestros mexicanos que se oponen a la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto marcharon en la capital para protestar contra la reimposición de su evaluación docente, que fue suspendida unos días coincidiendo con sus violentas protestas previas a las elecciones.
El lunes, la secretaría de Educación anunció que volvería a aplicar la polémica evaluación a docentes después de haberla suspendido indefinidamente el pasado 29 de mayo ante las cada vez más violentas protestas de maestros radicales en los estados sureños de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, para boicotear los comicios legislativos y locales del domingo pasado.
El gobierno argumentó que la breve suspensión de las pruebas de evaluación se debió a problemas técnicos para su aplicación y a factores de «índole política».
«Para nosotros es una burla, fue reírse del magisterio. A ellos lo que les interesaba era mantener su circo electoral y legitimar a los siguientes verdugos del pueblo», dijo a la AFP Marlon Andrés Morales, un profesor de 38 años de Uruapan, Michoacán (oeste).
Como él, miles de profesores de varios estados del país marcharon con sombreros de paja, pancartas contra la «privatización de la educación» y gritando consignas contra el gobierno por el neurálgico paseo de la Reforma, cortado parcialmente al tránsito vehicular.
Los docentes empezaron, además, a montar un gigantesco campamento en el Monumento de la Revolución, donde dormirán «indefinidamente» para hacer presión sobre la mesa de negociación entre la secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), corriente radical del sindicato magisterial.
Más tarde, las partes sostuvieron un rápido encuentro en el que el gobierno estableció «una condicionante».
Ningún funcionario de esa dependencia «se sentará en la mesa con ellos, hasta en tanto todos los contingentes movilizados estén en sus escuelas trabajando, mientras tanto, no hay diálogo», dijo a la prensa Luis Enrique Miranda, un subsecretario del ministerio de Gobernación.
La evaluación estandarizada a maestros, parte primordial de la reforma de Peña Nieto para elevar el nivel de la educación del país, rompe con la regla no escrita del sistema educativo mexicano en la que las plazas de maestros son heredadas o vendidas al interior del sindicato.