La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN) considera “insoportable” las trabas en Aduana a las importaciones y advierte al Gobierno que se crea un factor inflacionario, porque todo costo adicional por los bloqueos las empresas lo transfieren al precio de venta de los productos a los consumidores.
“Ya la situación de Aduana pasa a ser un elemento de inflación en este país, porque ya los comerciantes deben tomar en cuenta todos los gastos de gestiones, de contrataciones de abogados para resolver los problemas con la Aduana, en el costo del producto (final al consumidor)”, afirmó a LA PRENSA el presidente de la Cámara de Comercio, Rosendo Mayorga.
Las dudas de valor a las mercaderías son el mayor problema con la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), porque causan que las cargas se retengan.
Mayorga explicó que por la subvaloración que hacen los funcionarios aduaneros la mercancía pasa a un almacén fiscal, donde “puede tardar semanas” hasta que se resuelve el trámite, pero todo el tiempo en ese sitio lo paga el importador.
Entre 250 y 300 dólares es el costo por día en un almacén fiscal.
Dijo que las empresas incurren en más gastos en la gestión de los trámites para demostrar la validez de los certificados de origen del producto y de los costos de compra de los mismos, para evitar que se les cobre más impuestos.
La meta oficial de inflación para 2015 es entre seis y siete por ciento, indicador que Mayorga afirmó puede acelerarse por el incremento de costos adicionales en los productos y servicios provocados por las trabas de la DGA.
MILLONES DE DÓLARES
Mayorga informó que las casas comerciales de electrodomésticos tienen presión porque desde hace tres meses todo furgón con mercadería que llega a un puesto fronterizo aduanero se retiene por duda de valor.
“Tenemos casos ahorita pendiente de empresas que tienen más de dos millones de dólares en garantías bancarias en Aduana por problemas de contenedores por dudas de valor”, afirmó el representante empresarial.
Explicó Mayorga que la garantía bancaria es el mecanismo que usa la empresa para que la DGA libere la mercadería y así ponerla en venta, aunque a su vez sigue el trámite administrativo de dudas de valor.
Mencionó el ejemplo de que el ochenta por ciento del mercado formal de televisores lo manejan tres empresas reconocidas, pero “últimamente, contenedor que traen, contenedor que se le para por dudas de valor”.
“Todos mundo sabe que hoy un equipo electrónico cuesta un dólar, por ejemplo, pero en tres meses ese mismo equipo o ya no está en el mercado o cuesta sesenta centavos (de dólar) porque (su modelo) está desfasado porque salió uno nuevo. Pero aquí (en la DGA) quieren ver fantasmas que no existen para no aceptar las declaraciones de los precios que el importador presenta”, expresó Mayorga.
Entre las tres casas comerciales de electrodomésticos más grandes del país importan en promedio más de veinte contenedores al mes, según la CCSN.
Desde hace dos meses la DGA no reconoce la clasificación arancelaria de varios productos importados de países con los que Nicaragua tiene firmado tratados de libre comercio, obligando al importador a pagar los impuestos pese a gozar de exoneración. Además se les multa por el ciento por ciento del impuesto.
Mayorga afirmó que poco impacto tendrá en las empresas la reducción en el precio de la energía eléctrica y de los combustibles de los últimos meses, porque son mayores los costos que provocan las trabas aduaneras.
La Cámara de Comercio advierte al Gobierno que además de la presión inflacionaria, la recaudación de impuestos puede caer ante el atraso de las materias primas para producir en las industrias y en que los artículos de consumo se vendan en las tiendas y mercados.
AUTOS USADOS SIGUEN PARQUEADOS
Un grupo de dueños de autolotes recurrió ayer nuevamente a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), donde expresaron que no han recibido respuestas de las autoridades de la DGA ni de la Presidencia a la solicitud de aprobar una moratoria a la prohibición de los autos usados.
Más de doscientos autos usados están retenidos en el puesto aduanero El Espino, en Madriz, debido a que la DGA mantiene la prohibición de hasta siete años de antigüedad los vehículos que pueden entrar al país. Sin embargo, en enero pasado mediante fe de errata, se modificó la Ley de Concertación Tributaria (LCT) y se dejó en más de diez años de antigüedad los vehículos usados permitidos.
Miguel Contreras, uno de los reclamantes, expresó que aunque pagan a diario para que los vehículos no sean desmantelados en los puestos fronterizos, se están deteriorando, se les roban las llantas o los radios.
Los dueños de autolotes explicaron que al no liberarles los vehículos enfrentarán problemas para honrar los préstamos que muchos tienen con los bancos.
Antonio Gutiérrez, otro importador, dijo que el sector emplea a unas diez mil personas, por lo que advirtió: “Si nos cortan esto ¿qué va a suceder? Que esta gente se va a ir a la calle. ¿Qué vamos a tener? Más delincuencia en las calles”.
VAN A PROTESTAR
Antonio Gutiérrez, importador de vehículos, dijo en las oficinas de la CPDH que son más de doscientas camionetas retenidas en la Aduana con riesgo de dañarse al estar expuestas a la lluvia. Afirmó que si no les liberan los vehículos “vamos a tener que actuar de la forma en que este Gobierno entiende, en las calles, vamos a manifestarnos en las calles, no vamos a estar esperando más porque ya son dos meses y medio que tenemos de estar esperando acá y no nos han dado ninguna solución”.
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