La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), emitieron ayer un dictamen a través del cual indican que la justicia en el país le violentó los derechos a Roberto Bendaña. Esto porque no tuvo acceso a un proceso judicial imparcial y transparente, por lo que fue dejado en estado de indefensión por el Estado de Nicaragua.
Este es uno de los casos que el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, espera exponer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) aprovechando su presencia en la Asamblea General de la OEA, a realizarse el lunes y martes de la próxima semana.
El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, por su parte expresó que en septiembre próximo aprovecharán la visita del papa Francisco, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para también exponer este y otros casos de lo que ocurre con la justicia en el país.
Roberto Bendaña, prófugo de la justicia nicaragüense, permanece a la espera de que el Ministerio Público, otorgue un finiquito del proceso judicial que enfrenta y le levanten las restricciones impuestas, luego que su cuñado Álvaro Montealegre, pagó los 526 mil dólares, a las monjas Teresianas, en mayo pasado.
Bendaña enfrenta causa por los delitos de estafa agravada y ofrecimiento fraudulento de certificados por el caso de las monjas Teresianas, junto a Montealegre y Hugo Paguaga, después que a través de la empresa Internacional Investments and Financial Services, INC., certificados de inversión.
Según fuentes extraoficiales, cuando Montealegre pagó a las monjas del Teresiano, este introdujo el 19 de mayo del año pasado ante los tribunales, una propuesta que incluía que las monjas firmaran un acuerdo para descongelar los activos y así llegar a una mediación con los otros afectados.
Sin embargo, pese a que los cheques emitidos, uno en febrero y otro en mayo del año pasado, fueron entregados a las religiosas, aparentemente a la fecha no ha sido firmado por las religiosas una especie de conclusivo.
Carmona señaló que en este caso “ya se les pagó a las monjitas, las monjitas debieron haber retirado esa denuncia y el Ministerio Público también debió haber ya finiquitado este proceso”.
TAMBIÉN DEFENSOR
El abogado de Roberto Bendaña, Nelson Cortez, manifestó que el dictamen ratifica lo que durante todo el proceso han insistido ante diferentes instancias del sistema.
“La violación al debido proceso, la violación al derecho a la defensa, lo que representa es una violación directa a una norma constitucional, al artículo 34, de la Constitución que dice que toda persona dentro de un proceso tiene derecho a que se le garantice una tutela judicial efectiva”, dijo Cortez.
El defensor de Bendaña recordó que desde la fase administrativa del caso, proporcionaron la prueba necesaria desvinculando a Bendaña de cualquier acto delictivo. Sin embargo, las autoridades procedieron a ejercer una acción penal por figuras delictivas.
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