Indígenas y campesinos panameños abrieron este lunes el tránsito en la carretera Interamericana tras varias horas de mantener bloqueada la vía para pedir la cancelación definitiva de un proyecto hidroeléctrico financiado por bancos europeos, luego de la suspensión del diálogo que mantenían con el gobierno.
“Se decidió abrir la carretera interamericana para darle un espacio al presidente Juan Carlos Varela para que se pronuncie sobre el proyecto de Barro Blanco”, dijo a la AFP Ricardo Miranda, uno de los líderes de las protestas. “Si mañana (martes) no viene aquí Varela a decir que se cancela el proyecto cerraremos la vía inmediatamente de manera indefinida”, añadió Miranda.
Más de 200 indígenas y campesinos bloquearon por varias horas el tráfico en la vía que une a Panamá con Costa Rica, a la altura de la entrada al proyecto hidroeléctrico, en la localidad de Tolé (suroeste), generando un gigantesco atasco vehicular.
Indígenas Ngäbe-Buglé y campesinos rechazan el proyecto Barro Blanco, ubicado en la provincia occidental de Chiriquí, porque temen la pérdida de sus tierras y la destrucción del río Tabasará.
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Carlos Fernández, rechazó en un comunicado el cierre de vías “para imponer posturas que transgreden los derechos ciudadanos”, dijo. ADemás, según Fernández, cerrar la carretera interamericana “conlleva un costo millonario” y una “pérdida de competitividad” por la importancia de una ruta por la que transitan a la hora entre 1800 y 4500 vehículos, entre ellos autobusés de turistas y camiones repletos de mercancías procedentes y con destino a Centroamérica. Este proyecto hidroeléctrico, financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue cancelado temporalmente en febrero por el gobierno panameño por incumplimiento de los estudios de impacto ambiental.
Tras la suspensión, se inició un diálogo auspiciado por las Naciones Unidas entre el gobierno, indígenas y la empresa, para llegar a un acuerdo sobre el proyecto, cuya construcción lleva un avance del 96%.
“Tienen que ir al diálogo. Nosotros recibimos ese proyecto con mas del 96% de avance y esto tiene que resolverse por la vía del diálogo”, dijo Varela este lunes.
“Estamos luchando por nuestra agua y el conflicto de Barro Blanco no se va a solucionar sobornando a nadie ni ofreciendo migajas ni millones”, manifestó Miranda horas antes al canal Telemetro.
Sin embargo, una cancelación definitiva podría acarrear demandas millonarias contra el Estado panameño, ya que, según las empresas nacionales que realizan el proyecto –Generadora del Istmo S.A. (Genisa) e Hidráulica de San José–, las pérdidas podrían superar los 130 millones de dólares.
Una vez en funcionamiento, la hidroeléctrica produciría 28 megavatios, según sus responsables.