Reos sin atención médica

Los reos que están sentenciados por delitos de droga y recluidos en la cárcel La Modelo, de Tipitapa, y que sufren diversas enfermedades crónicas tienen problemas para que los custodias los trasladen a los hospitales donde puedan ser atendidos de sus padecimientos.

Aunque ha habido algunas construcciones de penitenciarías del país, la cárcel La Modelo aún conserva las viejas estructuras con deplorables condiciones para los internos. LA PRENSA/ ARCHIVO

Los reos que están sentenciados por delitos de droga y recluidos en la cárcel La Modelo, de Tipitapa, y que sufren diversas enfermedades crónicas tienen problemas para que los custodias los trasladen a los hospitales donde puedan ser atendidos de sus padecimientos.

Familiares de más de veinte reos, sentenciados por la llamada Operación Sur, por ejemplo, aseguran que hay detenidos que sufren de reflujo gástrico, diabetes, hipertensión, pero las autoridades no han dado seguimiento a estos casos.

Una de las denunciantes manifestó que ante la falta de atención médica, ellos tienen que ingresarles a sus familiares medicamentos que compran sin la debida prescripción de un doctor.

A esta situación se agrega que existen sospechas de un brote de tuberculosis en esas cárceles, aseguran familiares de los reos de los presos por la llamada Operación Sur, quienes por temor a represalias piden no ser identificados.

Ayer varios de los familiares de estos detenidos realizaron la visita y expresaron su preocupación, porque varios de ellos ya padecen de tos. El temor es al contagio, pues tienen conocimiento de que en días pasados ya han sacado de esas galerías varios presos que sufren tuberculosis.

“Los funcionarios saben que hay internos con esa enfermedad, porque ya sacaron al primer grupo con el padecimiento de tuberculosis”, señalaron.

Uno de los alegatos de las autoridades carcelarias es que estas personas “no tienen ningún beneficio”, explicó una de las denunciantes, tras señalar: “Les han violado sus derechos a más no poder”.

En mayo del año pasado, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, durante el segundo Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el país en Ginebra, debió referirse al tema de las cárceles, sobre todo al tema del hacinamiento de las mismas. En esa ocasión alegó falta de capacidad para recibir en las penitenciarías del país a los reos condenados. Pero anunció que impulsaban obras de inversión por 381.1 millones de córdobas.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en su informe 2014, emitido a finales de mayo pasado, destaca que el año pasado recibieron noventa denuncias contra el Sistema Penitenciario Nacional (SPN).

“El año pasado se caracterizó por una serie de denuncias de parte de los y las privados de libertad en diferentes centros penitenciarios del país, como Tipitapa, Chinandega y Granada, que denunciaron ser víctimas de agresiones físicas, malos tratos e incluso actos de tortura por parte de funcionarios o por otros privados de libertad”, dice el Cenidh.

ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS NO ENTRAN

El Cenidh en su informe destaca que en 2014 una vez más dirigieron cartas a la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, para reiterar la solicitud para que se les permita las visitas calendarizadas a los penales; sin embargo, la carta no encontró respuestas.

Las denuncias contra el SPN que el Cenidh no pudo verificar estaban relacionadas con violaciones de derechos humanos, así como la omisión en el ejercicio de sus funciones, lesiones y maltrato verbal en contra de los familiares visitantes.

Los derechos civiles son los que más vulneran los funcionarios del SPN, entre estos tenemos en primer lugar la integridad física, le sigue el derecho a la seguridad jurídica y las garantías del debido proceso, relacionados con el derecho a la libertad individual y el acceso a la justicia.

Estas violaciones se han dado con mayor frecuencia desde hace cinco años desde que el Ministerio de Gobernación decidió deliberar sobre la autenticidad de las órdenes de libertad, sometiéndolas a un trámite no establecido por ley, en el que los funcionarios del SPN deben solicitar el aval de dicho Ministerio antes de cumplirlas, obligando a los detenidos a sufrir prisión arbitraria, apunta el Cenidh en su informe.

Los familiares de 26 reos que guardan prisión por la llamada  Operación Sur señalaron que el problema se empeora, pues aunque apelaron la sentencia emitida en noviembre del año pasado, los tribunales aún no se pronuncian.

“Nuca les dieron respuesta a la apelación y ellos allí más bien se están enfermando”, sostuvo una de las informantes, quien recordó que para conocer la pena los presos en este caso debieron esperar nueve meses. Los acusados por este caso recibieron penas que van de 5 a 35 años de cárcel por crimen organizado, lavado de dinero y transporte internacional de drogas. Sus familiares siguen alegando inocencia.

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