El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo ayer que las constantes e irracionales trabas que la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Ingresos (DGI) ponen a las importaciones y operaciones de los empresarios privados los tienen a muchos prácticamente “manos arriba”.
Desde hace dos semanas LA PRENSA ha venido reportando las abusivas prácticas de la DGA, donde ahora las llamadas “dudas de valor” son la regla en lugar de la excepción, aún cuando los importadores presenten las pólizas de declaración correspondientes. El problema en la DGA ha llegado a tal punto, según denuncias de las cámaras afectadas, que son gravados hasta los productos que vienen de países con los que Nicaragua tiene acuerdos de libre comercio y aún cuando los importadores presentan el certificado de origen.
A estas anomalías, ayer el presidente de Cosep agregó la denuncia de que en la DGI no se respetan los procedimientos de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET) y que “por interpretación” se bloquea el sistema y se le niega al empresario la solvencia fiscal que es básica para cualquier operación. La DGI “está decidiendo a quién le da la solvencia y a quién no”, dijo Aguerri.
Ante esta realidad, que no es nueva, algunos empresarios empiezan a preguntarse qué tipo de poder tienen los directores de Aduanas e Ingresos para cometer abusos sin que su jefe directo, el presidente inconstitucional Daniel Ortega, tome cartas en el asunto.
La verdad es que en un régimen como el que está establecido actualmente en Nicaragua, donde todos saben que nada se mueve sin el consentimiento de la pareja presidencial, lo único que se puede concluir es que estos funcionarios, lejos de “libretearse” como se dice popularmente, más bien están cumpliendo fielmente con las orientaciones de sus superiores. De lo contrario, todos sabemos que la pareja presidencial es implacable frente a la desobediencia y que no se ha dado uno sino varios casos de funcionarios que son despedidos de un momento a otro ante la menor señal de disensión.
Por lo tanto es lógico concluir que quienes en realidad tienen “manos arriba” a los empresarios son el presidente inconstitucional Daniel Ortega y su poderosa esposa, Rosario Murillo.
Y aunque existe una “Comisión de Seguimiento” presidida por el asesor presidencial para Asuntos Económicos, Bayardo Arce, a la que acuden las cámaras para solucionar los problemas que van surgiendo en el día a día entre el Gobierno y la empresa privada, ha quedado claro una y otra vez que cuando la pareja presidencial tiene un interés particular la famosa “Comisión de Seguimiento” es un cero a la izquierda.
Son situaciones como esta las que demuestran que tratar de convivir en el largo plazo con regímenes autoritarios es una ilusión. Las únicas garantías al respeto a los derechos ciudadanos y la libertad empresarial son la institucionalidad, la independencia de los Poderes del Estado y el respeto a la ley por encima de los intereses de cualquiera funcionario, incluso el presidente.
