Hasta hace poco las cifras económicas que brinda el Banco Central no eran puestas en tela de juicio por nadie.
El Banco Central de Nicaragua estaba aislado de las presiones propagandísticas del Gobierno central, que en otras áreas infla cifras o las mantiene en la total oscuridad.
La confiabilidad de las cifras del BCN se vio cuestionada por algunos economistas en marzo cuando el Gobierno anunció que en el año 2014 el crecimiento económico había sido de 4.7 por ciento frente al 4.6 por ciento del 2013, aun cuando el país se había visto afectado por un terremoto y por una fuerte sequía. Esos efectos negativos se reflejaron en que el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) y la tasa de creación de empleo formal fueron menores en el 2014 que en el 2013.
El debate fue aparentemente zanjado cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) dio su aval a las cifras del Gobierno, aunque no todos los economistas nacionales quedaron convencidos.
Sin embargo, si en lo económico el debate sobre la confiabilidad de las cifras sigue abierto, en otros temas igualmente importantes para el desarrollo del país el Gobierno oculta las cifras o las infla, y de eso no hay duda.
Es el caso de la matrícula. El año 2010 fue el último en que el Gobierno dio cifras claras sobre la matrícula de estudiantes en edad escolar. Desde el 2011, el Gobierno da cifras globales que a simple vista lucen muy bien, pero que en realidad son el resultado de la mezcla de estudiantes en edad escolar con estudiantes universitarios y los de educación para adultos.
El número que da el Gobierno en total es de 1.7 millones de matriculados, pero ¿cuántos de estos son niños y jóvenes que de acuerdo con su edad deberían estar en primaria o secundaria? Al día de hoy es imposible saberlo.
Lo mismo ocurre con las estadísticas sobre la pobreza extrema y la pobreza general, que desde hace años el Gobierno no presenta con claridad.
El desdén del Gobierno por las estadísticas confiables queda claro cuando tomamos en cuenta que para este año se debería estar realizando el Censo Nacional y no lo ha hecho —en realidad inexplicablemente lo tiene programado para el 2017—.
Si no hay estadísticas claras, oportunas y confiables es imposible que el Gobierno pueda crear y ejecutar políticas de desarrollo en las áreas y en el momento que se necesiten.
A lo largo de los más de ocho años que lleva este Gobierno —tres y medio de ellos en ejercicio inconstitucional— se ha caracterizado por actuar irresponsablemente en muchas áreas; irrespetar procedimientos cuando le da la gana y hasta hacer esperar meses a los embajadores para recibirles las Cartas Credenciales.
Eso puede interpretarse como “excentricidades” inofensivas, pero la ausencia de estadísticas confiables y oportunas, al igual que el reiterado irrespeto a las leyes, sin duda le causarán al país graves daños en el mediano y largo plazo.
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