La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, estimó que el retiro de las promotoras voluntarias en las Comisarías profundizará el estado la indefensión de las mujeres víctimas de violencia.
A su vez, Jiménez consideró que esto terminará de cerrar el círculo sobre el control social que el Frente Sandinista quiere hacer a nivel de la comunidad, imponiendo a su propia gente. Y ahora lo hacen con el manto de la legalidad con el Código de la Familia.
Inicialmente, las Comisarías habían prohibido el acompañamiento a las víctimas de las profesionales de las organizaciones defensoras de mujeres, recordó Jiménez, quien señaló que a esto ahora se suma que las promotoras que históricamente han apoyado el trabajo de las Comisarías ya no lo hagan.
“Ahora las están sustituyendo con promotoras sociales, o sea, son gente ya partidarizada”, refirió la dirigente del MAM, quien considera esta es parte de la operativización del Gobierno para instalar las consejerías familiares y en esto el que lleva el rol es el Gabinete de la Familia.
Las están sustituyendo con esas mismas estructuras partidarias, pero ahora con otros nombres, Promotoría social de la salud, “se han inventado otros nombres para hacer creer que no son partidarios, sino que hay según ellos sociedad civil que les apoya, pero son ellos mismos”, indicó Jiménez.
Con esto obstaculizan la denuncia, pero también pone en riesgo a toda la ciudadanía, apuntó Jiménez, quien señaló que “con todas esas normativas y la propia Ley puede ser utilizada como un elemento de persecución”.
Ayer la vocera del Gobierno, Rosario Murillo, anunció a través de los espacios oficialistas que desde el Ministerio de la Familia trabajan para fortalecer el Programa de Consejerías. Las terapeutas que van a estar en los 153 municipios del país ofrecerán asesoría y recibirán las solicitudes para tramitar pensiones y analizarán problemas relacionados con el cuido, la crianza y la protección de la niñez y adolescencia.
34 femicidios ocurridos en el país en lo que va del año reportó ayer la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que siguió demandando el cumplimiento integral de la Ley 779.
Ver en la versión impresa las páginas: 5 A