Los señalamientos de tortura en cárceles del país, especialmente en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), más conocida como El Chipote, la falta de investigación a los casos de abusos y corrupción, así como la politización de las fuerzas públicas por parte del presidente inconstitucional Daniel Ortega, fueron incluidos en el informe anual del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos como parte de los abusos cometidos en Nicaragua.
Y apunta que el nombramiento de Ortega como comandante en jefe de la Policía y la extensión en 2011 del plazo en el cargo de jefa a la primera comisionada Aminta Granera, cuando aún no se aprobaba la nueva ley policial ha llevado a muchos a cuestionar el profesionalismo de la institución. Al tiempo que señala el trato preferencial para los simpatizantes orteguistas mientras existe falta de interés de investigar el uso de fuerza excesiva contra las manifestaciones de la oposición o del llamado caso de OcupaINSS, ocurrido en 2013.
Sobre las denuncias de tortura en El Chipote, menciona como ejemplo, el caso de los detenidos por la masacre del 19 de julio y El Tule, en diciembre del año pasado.
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, dijo que entre el 1 de julio y 30 de septiembre impulsarán una campaña por el cierre de esas cárceles.
Fuentes extraoficiales indicaron a LA PRENSA que el Gobierno habría iniciado una remodelación de esas celdas como una forma de maquillar la apariencia de esas cárceles. Carmona también conoció esa versión. LA PRENSA consultó al vocero de la Policía, comisionado mayor Fernando Borge, si existe algún plan de remodelar las celdas, como respuesta a la demanda de cierre, pero dijo desconocer esto, pues lleva días de no ir a ese sitio y prometió investigar.
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