La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha experimentado en carne propia las consecuencias de las presiones y asfixia económica a las que han sido sometidas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la sociedad civil en el país que no comulgan con el Gobierno. La CPDH está reducida a una mínima cantidad de personal.
El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, refirió que un funcionario de un organismo de cooperación le confió que el Gobierno les envió el listado de las organizaciones a las que deben apoyar.
Carmona indicó que el funcionario le aconsejó que evitara enviar proyectos en busca de respaldo económico, porque no le asignarían, ya que no estaba en un listado proporcionado por la cancillería.
“Lamentablemente ustedes no están en ese paquete. Aunque presenten proyectos, ni se les va a tomar en cuenta”, señaló Carmona que le informó el funcionario.
Igual en 2012 conoció de forma extraoficial que otro organismo, a sugerencia de un representante de la cancillería, cedió a una universidad privada el aporte designado para dos proyectos que la organización que él representa había obtenido.
En esa ocasión, recordó Carmona, les habían informado que habían ganado dos proyectos sobre liderazgo juvenil y liderazgo de mujeres, que tenían que ver con aspectos de gobernabilidad.
Sin embargo, posteriormente les adujeron que de medio millón de euros que les habían aprobado para ejecutar el proyecto en tres años, este sería recortado a la mitad.
El proyecto les llevó seis meses de preparación y para la asignación aplicaron igual que otras organizaciones, que al final ellos fueron seleccionados. Pero extrañamente al final les alegaron que ya no les podrían apoyar.
Después fue que un exfuncionario de ese organismo le explicó a Carmona que el repentino cambio del organismo obedeció a una llamada realizada por un funcionario de la cancillería, quien habría pedido que los fondos no fueran otorgados a la CPDH, al tiempo que sugirió que los entregaran a una universidad privada.
“Esa es parte de la presión que nosotros estamos teniendo desde los últimos cinco años”, señaló Carmona, quien apuntó que en el caso de la CPDH hubo diferentes oportunidades en las que también les mandaron al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el cual emitió una resolución en la que les obligaba incluir en planilla a los promotores voluntarios, cuando no existe con estos una relación laboral.
REDUCCIÓN
Debido a la asfixia económica a la que el Gobierno ha sometido a la CPDH le ha llevado al cierre de sus filiales en Matagalpa, Chontales, Estelí y Puerto Cabezas. Únicamente mantiene hasta ahora filiales en Jinotega y Granada.
Igualmente la CPDH debió reducir su personal, así como la capacitación a la red de promotores voluntarios. Según Marcos Carmona, la situación se agudizó a partir del 2010.
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